La censura al documental La Habana de Fito, dirigido por el realizador cubano Juan Pin Vilar, y su posterior emisión en la televisión sin autorización del autor generó un conflicto dentro del cine cubano que no solo provocó con la dimisión de Ramón Samada, presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), sino que amenaza con arrasar la escasa autonomía que le queda a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV).
Aunque el debate se ha centrado principalmente en la Asamblea de Cineastas y su pelea con el ICAIC para conseguir más autonomía y libertad creativa, el Gobierno cubano, curtido en desgastar a sus adversarios, ha conseguido un par de victorias mientras los artistas siguen discutiendo si deben transmitir sus reuniones, si permiten entrar a la prensa o si es el momento idóneo para que un realizador radicado en Estados Unidos pida responsabilidades a su antiguo censor, hoy disfrazado de cineasta inconforme.
El asunto es que, en un estado totalitario como el cubano, cada vez que artistas o ciudadanos intentan ensayar la democracia se encuentran con un bloque burocrático que los engulle, los pone a chocar entre ellos y luego los adormece y desmoviliza en una especie de juego de desgaste donde han mostrado ser expertos.
Ejemplos, solo en el último lustro, de colectivos artísticos mucho más transgresores y arriesgados que la Asamblea de Cineastas sobran: El Cardumen, el Movimiento San Isidro, el 27N, los artistas que se enfrentaron al Decreto 349, por solo mencionar algunos casos. Todos fueron arrasados por el régimen, algunos de forma más violenta, otros de forma más sutil.
¿Pero cómo la polémica suscitada por el documental de Juan Pin Vilar sobre Fito Páez terminó con el secuestro de la EICTV?
Pues porque en todos estos debates, batallas, polémicas, cuando el régimen teme que puede perder algo, cuando entiende que tendrá que negociar, y ceder, siempre se asegura de ganar mucho más de lo que pierde.
¿Qué perdió en este caso?
No mucho, solo un peón como Ramón Samada. Un peón de los que tiene cientos. Tan peón que incluso Juan Pin Vilar, al saber sobre su “dimisión”, que fue como se anunció desde el oficialismo, dijo que Samada no era sobre quien debía recaer la mayor parte de la responsabilidad, que los verdaderamente responsables eran los otros.
Ahí es probable que Vilar tuviera razón. No porque Samada sea un demócrata ni un defensor de la libertad de expresión. Es que ni siquiera es una figura reconocida por sus conocimientos sobre cine, pero al cabo para el poder es solo un peón, una figura fácilmente remplazable y sacrificable.
De todos modos, Samada no ha sido defenestrado. Premios nacionales, no hay que sentir pena por Samada. Con su renuncia solo ha ganado tiempo y demostrado ser alguien de confianza para el poder. Tampoco es que a Samada le interese mucho el cine. Pronto lo veremos con algún puesto mucho más lucrativo y menos visible. Así suele premiar el régimen a sus soldados.
Pero en lo que tenía razón Vilar es que, en esta escaramuza, vuelve a morir el más débil de los peones, mientras los verdaderos arquitectos de la censura y las trampas siguen intactos: los viceministros de Cultura Fernando Rojas y Fernando León Jacomino, el jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Rogelio Polanco, y el ministro de Cultura, Alpidio Alonso.
A todas estas no hemos llegado a la EICTV, que es el tema que nos atañe, pero es importante ir paso a paso.
Como si de un juego de ajedrez se tratara, el sacrificio de Samada, seguramente idea de Rojas o Polanco, no solo fue un intento para que los integrantes de la Asamblea de Cineastas se sintieran tomados en cuenta, o creyeran que habían logrado alguno de sus objetivos, sino también para consolidar el poder sobre uno de los espacios cinematográficos que aún se les escapaba un tanto: la EICTV.
Una jugada que, en dependencia de la respuesta de los cineastas, podría ser muy útil, porque pone a resguardo a figuras mucho más importantes para el poder en Cuba como Alonso, Rojas y Polanco, mientras se apropian de la escuela de cine fundada por Gabriel García Márquez y Fernando Birri, ahora que ambos han fallecido.
Pero, ¿cómo se apropian de la EICTV?
Susana Molina, otra de esas personas con más aptitud de funcionaria que de cineasta, quien dirigió con vocación estatal la EICTV desde el 2016 hasta ahora, pasaría a ocupar el puesto de Samada al frente del ICAIC, mientras a la jefatura de la escuela llegaría, violando todos los estatutos, otro mediocre cineasta, pero leal al poder: Waldo Ramírez de la Rivera.
En este punto cabe señalar que, aunque la EICTV se encuentra en Cuba, no forma parte del Ministerio de Educación ni del Ministerio de Educación Superior, sino que es una escuela que, desde su creación, por decisión de sus fundadores, tiene cierta autonomía respecto a las instituciones cubanas, y como su nombre lo indica, es de carácter internacional, no patrimonio de un Estado o Gobierno.
Pero como sus fundadores ya murieron y el régimen cubano hace años que no se puede permitir el riesgo de que artistas piensen y actúen con un mínimo margen de libertad, lleva una década robando autonomía a este centro, primero con la designación de Jerónimo Labrada como su director en 2013, luego con Molina en 2016, y ahora con Ramírez.
Afortunadamente la comunidad de cineastas egresados y trabajadores de la EICTV, mayormente de América Latina y España, todavía no se resiste a renunciar a dicho espacio formativo y por ello se opuso a la designación de Ramírez, a quien dijo no reconocer como director legítimo, al no haberse respetado los estatutos del centro con su nombramiento.
“Como parte del consejo académico de la EICTV manifestamos nuestro desacuerdo con la manera abrupta, arbitraria y silenciosa en la que se ha decidido sustituir a la dirección de la escuela, violando los estatutos de la institución y de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Desconocemos el nuevo nombramiento por la manera en que ha ocurrido y demandamos un proceso de decisión transparente, como debió suceder”, escribió la guionista brasileña Isna Cossoy Paro en una declaración firmada por varios de los responsables académicos de la Escuela.
También la cineasta cubana Rosa María Rodríguez realizó una publicación en sus redes sociales resumiendo la posición de la Asamblea General de la Comunidad Eiceteviana, la cual se reunió tras conocer la designación de Waldo Ramírez de la Rivera como director del centro:
“Hay un consenso en esta Asamblea: es necesario que se mantenga la autonomía de la escuela y trabajar en conjunto con la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano (FNCL) y con el Estado Cubano. Se reconoce el aporte indiscutible de Cuba desde el nacimiento del proyecto y lo que ello ha significado para nuestras cinematografías. Asimismo, fue expresada nuestra preocupación por el papel que desempeña actualmente la FNCL, y se plantearon inquietudes en torno a nuestro organismo rector como las membresías vitalicias, la renovación de los integrantes actuales y las posibles formas de relación que resulten más democráticas y participativas, de manera que se nivele a ambas instituciones de forma horizontal”.
La EICTV, fundada en 1986, tiene como organismo rector a la FNCL, no al Gobierno cubano, lo cual queda establecido en el artículo 36 de los fundamentos de la FNCL, que determina que la EICTV no responde a intereses particulares de ningún Gobierno y que las decisiones al respecto serán tomadas exclusivamente por el consejo administrativo de la FNCL.
No obstante, la FNCL, tanto como la EICTV, ha sido intervenida en los últimos años por el Gobierno cubano, por lo que tampoco se espera que juegue un papel decisivo en los reclamos por un cambio de dirección, como sí están haciendo los estudiantes, egresados y el Consejo Académico.
Una organización que sí condenó al régimen cubano por su proceder en este caso fue el Observatorio Cubano de Libertad Académica, el cual calificó el cambio de dirección como como “un acto injerencista del Estado cubano, en franca violación de la libertad académica, incluso transgrediendo las fronteras legales de su jurisdicción, el querer implantar una directiva en un centro que escapa totalmente de su control”.
“Tal acto pone en peligro la autonomía creativa de los alumnos, presupuesto conceptual que dio origen a este proyecto académico suigéneris. Respaldamos la voluntad de la comunidad artístico-docente de apegarse a las bases ideo-estéticas que han hecho posible la formación de varias generaciones de cineastas procedentes de los más disímiles rincones del mundo”, agregó la organización.
(continuará)