Verificación | (EPU 2023) Es falso que en Cuba se cumplen las Reglas Bangkok para mujeres en prisión

Con recomendaciones de más de 140 estados miembros de Naciones Unidas (ONU), el pasado 15 de diciembre de 2023 el Gobierno cubano se sometió al cuarto Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra. En su defensa, algunos de sus representantes emitieron una serie de frases engañosas, dudosas, falsas y, cuando no, contradictorias.

Entre ellas una de Luis Emilio Cadaval, Instructor judicial del Departamento de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior (MININT), quien dijo que "Cuba cumple con las Reglas de Bangkok", establecidas por la ONU para “el tratamiento de reclusas y sus hijos”.

Breve panorama de la situación carcelaria en Cuba

De acuerdo con la plataforma Statista Research Department, Cuba es el segundo país de Latinoamérica y el Caribe con mayor población carcelaria. El quinto a nivel mundial, según una lista de la Población Carcelaria Mundial del el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios (ICPS).

Por cada 100 000 habitantes hay más de 500 personas privadas de libertad que sobreviven en condiciones insalubres, sometidas a vejaciones, abusos de poder, malnutrición, hacinamiento, falta de higiene, castigos severos, prohibición de contacto con sus familiares e incluso torturas y muertes por negligencia médica.

Así lo han documentado ampliamente proyectos, organizaciones e iniciativas independientes en favor de los derechos humanos, como Justicia 11j, Prisoners Defenders, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Cubalex, entre otros.

Etiquetas como #MirenLasPrisionesDeCuba y #UEMiraLasPrisiones han servido, además, para visibilizar en redes sociales la situación de las cárceles donde han permanecido los y las manifestantes del estallido social de julio de 2021 y donde aún permanecen 1062 presos políticos, según registros hasta noviembre de 2023.

La mayoría de los datos y la información recopilados por estas organizaciones sobre la situación al interior de estos centros han sido obtenidos gracias a los testimonios y denuncias de personas privadas de libertad, ex reclusos/as y sus familiares. El Gobierno cubano mantiene un férreo control sobre la situación real de sus prisiones.

Las últimas veces que fueron supervisadas por algún organismo internacional fue en los años 1888 y 1889, por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja. La información disponible en el informe de Human Rights Watch (HRW), resultante de aquellas visitas, no ha podido actualizarse desde la fecha.

Desde aquel entonces HRW informaba que el Gobierno cubano confinaba a su considerable población carcelaria en condiciones por debajo de la norma e insalubres, y que los presos sufrían abusos físicos y sexuales. Por lo tanto, “incumplía en muchos aspectos las directrices autorizadas sobre el tratamiento de reclusos contempladas en el derecho y los tratados internacionales”.

Las siguientes visitas foráneas autorizadas y guiadas han sido de corresponsales de agencias de prensa extranjera acreditada en La Habana, y estas se han producido con largos intervalos de tiempo entre una y otra.

En 2004 Cuba abrió dos de sus cárceles al aproximarse el debate sobre la situación de la Isla en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Ocho años más tarde, en 2012 y 2013 tuvieron acceso al interior de cárceles cubanas las agencias AP, AFP e IPS. Las dos primeras publicaron videos dentro de un penal de hombres. Ninguno de los entrevistados tuvo una opinión negativa del centro.

Aprovechando la ocasión, la Televisión Cubana (TVC) hizo un reporte sobre la prisión Mujeres de Occidente, conocida como El Guatao, ubicada en La Lisa, La Habana. También lo hizo en 2022, cuando el vocero del régimen Humberto López y el programa Hacemos Cuba mostraron a los televidentes recorridos que realizaron por el interior de centros penitenciarios.

El objetivo de todos estos materiales era bastante obvio: mostrar que las personas recluidas se encontraban en buenas condiciones, que el Gobierno se empeñaba en ofrecerles oportunidad de reinserción desarrollando programas educativos, y que las denuncias de organizaciones y de la prensa independientes eran falsas.

Algunas cifras, indicadores y tendencias sobre la situación carcelaria de mujeres en Cuba

A nivel mundial se ha visto un aumento acelerado del número de mujeres en prisión (33%) con respecto al de los hombres (25%), aunque siguen siendo estos los que más llenan las cárceles en el mundo. De paso, son la región de América Latina y El Caribe, junto a Australia y Nueva Zelanda, las de mayor proporción en ese crecimiento.

De acuerdo con un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), esta tendencia de aumento por género tiene razón en el incremento de las políticas punitivas antidrogas que afectan de manera desproporcionada en las mujeres, aunque en números totales sean los hombres los más encarcelados por delitos de drogas.

Para la investigadora, abogada y feminista antirracista cubana Alina Herrera, en su artículo de 2022 Mujeres presas, las más olvidadas, si bien en el mercado de la droga y el crimen organizado las mujeres suelen cumplir roles menores, las leyes punitivas terminan siendo funcionales para “la reproducción de la criminalidad, la precarización y las ganancias de la industria carcelaria privativa”, no así para desmantelar el tráfico de drogas u otros delitos.

Al mismo tiempo, llama a no perder de vista el contexto de profunda desigualdad de género y violenciaen nuestra región: “Las mujeres que se involucran en el mercado de las drogas y que terminan siendo encarceladas, son impactadas por la extrema pobreza, por los bajos niveles de instrucción, por el desempleo y por la situación precaria de sus hogares y familiares (…). Además, los efectos de la discriminación territorial, étnica, racial, también definen el problema de las mujeres encarceladas”.

En cuanto a las causas de encarcelamiento de mujeres, Cuba muestra un panorama diferente. No son aquí el crimen organizado o el tráfico de drogas las causas más comunes. Sin embargo, el Gobierno cubano, que no suele transparentar información ni estadísticas de interés público, con las relacionadas con el sistema penitenciario y la tendencia en su crecimiento o decrecimiento, no iba a ser diferente.

El último reporte donde se manejan algunas estadísticas data de 2012-2013, cuando fueron abiertos algunos centros penitenciarios a la prensa extranjera. Fue realizado por la agencia IPS en Cuba bajo el título Cárceles de mujeres reflejan desventajas de género.

Según la información ofrecida, el 63 % de las casi 4 mil cubanas privadas de libertad en la Isla, las cuales se hallaban distribuidas en dos centros penitenciarios de régimen cerrado para mujeres y 16 abiertosa lo largo del país, cumplían condenas de hasta 30 años por delitos de malversación, hurto, estafa, robo con fuerza, robo con violencia y homicidio de esposos que las maltrataban o de familiares que las agredieron sexualmente a ellas o a sus hijas.

La teniente coronel Sara Rubio, directora de la prisión del Guatao, expresó que homicidios por dichas causas debían tener un tratamiento jurídico diferente, ya que “se deben particularizar los casos asociados a la violencia de género”. Asimismo, propuso que la prostitución se castigara con medidas sin internamiento.

En consonancia con la alerta sobre el aumento de la población carcelaria femenina mundial, expresada en el informe de WOLA y por diversas organizaciones internacionales en 2020 durante el décimo aniversario de la adaptación de las Reglas de Bangkok, Rubio aseguró que la mayoría de las causas de encarcelamiento de mujeres en Cuba eran delitos económicos y de corrupción.

Ante esto, Herrera, en su artículo mencionado, cuestionó el encierro carcelario como una forma de “solucionar” la precarización económica con las necesidades anticorruptivas para el país, y advirtió de la repetición de un esquema punitivo que afecta sobremanera a sectores más vulnerables y reemplazables en las redes de corrupción y malversación, tal y como sucede con el tráfico de drogas donde rara vez se logran enjuiciar a los principales implicados y quienes poseen mayor responsabilidad.

Además, lamentó que se supiera poco de “los perfiles interseccionales” de las reclusas cubanas: procedencia socioeconómica y territorial, nivel de estudios, raza, identidad de género, orientación sexual, número de personas dependientes bajo su responsabilidad, entre otros. Aunque arguyó que por las edades en que oscilaban esas mujeres, muchas debían ser madres o tener bajo su cuidado a personas adultas mayores.

“Debido a los tradicionales roles de género, el impacto y el costo emocional, económico y comunitario de que una mujer vaya a prisión es socialmente muy elevado. La red de cuidados se rompe.”, precisó la académica.

El propio reporte de IPS ofrece dos ejemplos. Damayantis Reyes, una joven maestra de primaria de 19 años y con un embarazo de cinco meses, cumplía un año y medio por lesionar a una persona. El fututo y el bienestar de su hijo en camino, luego de que su pareja rompiera la relación al ella ingresar al penal, eran sus principales preocupaciones.

Otra reclusa llamada Lázara López, madre soltera de dos menores (una adolescente de quince años y un pequeño de ocho), quien cumplía una sanción de seis años por hurto, dijo haberlo hecho por sus hijos, aunque se arrepentía porque ellos la necesitaban. “La mayor tiene que cuidar del pequeño”, contó.

La Habana no cree en lágrimas ni en Bangkok: Presas políticas, las mujeres más violentadas por el sistema penitenciario cubano

Para algunos movimientos anticarcelarios y progresistas, toda persona privada de libertad lo es por motivos políticos, en tanto las causas por las cuales la mayoría ha llegado a esa condición están estructuralmente asociadas a delitos económicos, precarización y desigualdad. En otras palabras, a una mala gestión de política gubernamental y una política desigual de reparto de los bienes y del acceso a derechos fundamentales.

Sin embargo, otros organismos consideran válida la distinción entre presos comunes y presos políticos. Esta última designa a quienes han sido arrestados y privados de libertad de manera arbitraria por motivos asociados a una pugna directa con el poder político imperante y su Gobierno, al que le ejerce oposición o disidencia abierta, y donde no ha mediado delito tipificado alguno.

Un listado actualizado en junio de este mismo año por Cubalex, con el apoyo de varias organizaciones, estimaba que había alrededor de 114 presas políticas en la Isla. La organización de asesoría legal, preocupada por el trato que reciben las mujeres en las cárceles cubanas y, peor aún, el de la presas políticas, exigió al gobierno cubano que cumpliera con “las observaciones finales del Comité Contra la Tortura para que permita la entrada a las prisiones del país a observadores internacionales, a la Cruz Roja Internacional (cuya última visita autorizada fue en 1989) y a los relatores especiales de Naciones Unidas.”

De acuerdo con el informe de Prisoners Defenders (PD) La tortura en Cuba - Primer estudio integral 2023, del conjunto de 181 víctimas de torturas y malos tratos estudiados, 17 son mujeres, incluida dos mujeres trans.

Teniendo en cuenta que son disimiles e incontables, las que agrupo a continuación son solo algunas muestras de las violaciones más significativas a mujeres arrestadas, privadas de libertad, y a sus hijos, tomando como base la información contenida en el informe antes citado, más otra investigación sobre la tortura en Cuba, realizada por Cubalex en 2022 y que presentó ante al Comité Contra la Tortura, algunas denuncias en redes sociales y reportes de la prensa independiente:

Las Reglas de Bangkok recomiendan reducir el encarcelamiento de mujeres con alternativas no privativas de libertad (Regla 58).

Este aumento fue reconocido por la teniente coronel Sonia Rubio cuando aseguró en la entrevista para IPS que una campaña anticorrupción, iniciada en 2009, condujo a más personas tras las rejas. También es una tendencia observada tras las protestas de julio de 2021, con penas de hasta 30 años de privación de libertad.

II) Privación de comunicación con familia y defensa (violación de la Regla 2)

Decenas de mujeres arrestadas durante las protestas de 2021 eran madres. Ni siquiera por esa razón les permitieron llamar a las familias para avisarles, ni accedieron a abogados de manera inmediata. Daniela Roja (madre de dos menores, hoy excarcelada y exiliada), Elizabeth Arias García, Lázara Karenia González Fernández, las hermanas Lisdany y Lisdiany Rodríguez, Yanet Sánchez Cocho y Rosa Janis Millo Espinosa son los nombres de algunas de ellas. El informe de PD ofrece otros ejemplos sobre mujeres a las que les fue privada la comunicación con sus familiares:

-Brenda Díaz García no pudo hablar con sus padres hasta un mes después. A lo largo de este tiempo cumpliendo su sanción de 14 años en la prisión Cuba-Panamá, conocida como la prisión del Sida, tanto ella como su madre Ana María García, han denunciado dificultades para comunicarse, prohibición de llamadas y de visitas.

-Katia Beirut Rodríguez, manifestante de La Guinera, La Habana, es, junto a su padre, testigo del asesinato de Diubis Laurencio, el único muerto reconocido oficialmente por las autoridades cubanas durante el estallido social. Luego de ser detenida estuvo más de un mes sin comunicación.

-Lizandra Góngora Espinosa, condenada a 14 años de prisión por unirse a las manifestaciones del 11j en Güira de Melena, Artemisa, estuvo casi un mes sin poderse comunicar con sus 5 hijos y su esposo.

-Magdelys Curbelo Anglés no pudo ver a su familia hasta el día del juicio y ese día tampoco pudo acercarse a ellos.

-Cuando las hermanas María Cristina y Angélica Garrido Rodríguez fueron detenidas, no se le avisó a la familia. Por su parte, al abogado no se le permitió verlas durante 17 días. Pudieron verlas luego de que desaparecieron los moretones de los golpes producidos durante el arresto y posterior al mismo.

III) Reclusión en lugares distantes de la vivienda familiar.

Debido a las pocas instalaciones carcelarias de mujeres, a menudo son recluidas lejos de su hogar, y esto puede suponer una enorme dificultad para mantener las relaciones familiares y la oportunidad de que sus seres queridos las visiten. Por ello, expertos internacionales y la propias Reglas de Bangkok desaprueban esta tendencia:

“En la medida de lo posible, las reclusas serán enviadas a centros de reclusión cercanos a su hogar o sus centros de rehabilitación social, teniendo presentes sus responsabilidades de cuidado de otras personas (…)”. (Regla 4)

Sin embargo, en Cuba encontramos el caso de la presa política Aymara Nieto, quien estaba privada de libertad desde antes de las protestas de julio de 2021 por pertenecer al grupo opositor Damas de Blanco. En marzo de 2021, sin ninguna explicación por parte de las autoridades, Aymara fue trasladada desde El Guatao, donde cumplía su sanción ampliada de 5 años y cuatro meses, a la prisión provincial de mujeres “El manatí”, en Las Tunas, casi a 700 kilómetros de La Habana, donde viven sus dos hijas y esposo. Esto hizo sumamente complicado que madre e hijas pudieran verse frecuentemente.

En una situación parecida se encuentra Lizandra Góngora. En abril de este año, la mujer fue trasladada contra su voluntad a Los Colonos, una cárcel en la Isla de Juventud, a 160 kilómetros de su hogar. Un territorio al que solo se puede llegar por mar o aire y que posee poca frecuencia de viajes y disponibilidad de boletos. En julio, Lizandra denunció que hacía cuatro meses no veía a sus cinco hijos.

IV) Negación de atención médica y ausencia de un protocolo de atención médica con enfoque de género

-En febrero de este año, el hermano de la manifestante de La Güinera, Yaquelín Castillo García, denunció que su hermana estaba enferma. Tenía recurrentes y fuertes dolores de cabeza, “y allí solo le dan un cuarto de amitriptilina que no se los alivia, se ha puesto muy flaca”, contó. El médico de la prisión le había indicado varios análisis para determinar el origen de su padecimiento, pero las autoridades penitenciarias no la habían llevado al hospital donde debían practicarle los estudios clínicos..

-En marzo, Angélica Garrido comenzó a presentar los mismos síntomas de antes del accidente cerebrovascularque sufrió a mediados de 2022, el cual le provocó una parálisis facial. Su esposo, el activista Luis Rodríguez aseguró que la mujer estaba sin recibir la atención médica necesaria y que la reaparición de los síntomas eran “producto de un gran estrés por el que está pasando. Esto todo a raíz de la represión por la carta que ella firmó con su sangre” y la de otras nueve presas políticas.

-También este año, en abril, Ángel Delgado, esposo de la presa política Lizandra Góngora, reveló que la mujer presentaba un quiste en un seno. Tras realizarle un ultrasonido, los doctores concluyeron que lo que tenía era grasa, sin embargo, Góngora manifestaba sentir dolor en el área.

-Según PD, Katia Beirut Rodríguez fue operada de un cáncer de útero por el que sigue un tratamiento estricto y del que está carente en prisión. También padece una gastritis ulcerosa para la que no recibe tratamiento.

-Uno de los casos más denunciados por activistas y la prensa independiente es, sin dudas, el de Brenda Díaz, una mujer trans seropositiva, con gastritis crónica y padecimientos graves de los riñones. En numerosas ocasiones, su madre ha denunciado negligencias y deficiencias en la atención médica a su hija, así como irregularidades en la entrega de los antirretrovirales. Tampoco se le permite el consumo de hormonas para continuar su proceso de afirmación de género.

V) Violencia, golpizas, tortura física, castigos y posturas incómodas, dañinas, degradantes y prolongadas

-La Dama de Blanco Jackeline Boni, contó a Cubalex que en la vía pública la policía política procuraba que las golpizas a mujeres las protagonizaran otras mujeres policías. Sin embargo, dentro de los centros de detención, donde no había testigos, eran maltratadas y golpeadas fuertemente por hombres y mujeres, sin distinción.

“Nos daban golpes, muchos golpes efectivos. Eran personas especializadas. Recuerdo haber recibido un piñazo en medio del pecho que me dejó sin aire. No podía respirar”, relata la mujer quien aseguró haberse defecado encima durante esa golpiza que le propinaron cinco o seis personas a la vez dentro de un calabozo.

“Cuando veían que te quedabas sin conocimiento, te echaban un poco de agua y te dejaban ahí tirada a la suerte”, contó. También aseguró que es esa la causa por la cual muchas de ellas [Damas de Blanco] están enfermas, por tantos golpes recibidos.

-A Brenda Díaz García la golpearon con una tonfa y la tiraron escaleras abajo esposada en la espalda.

-Cuando estuvo en el Centro de Operaciones Versalles, en Santiago de Cuba, Elizabeth Arias García permaneció en una cama de cemento a oscuras y sin agua. Esposada, la tiraron al suelo y le abrieron las piernas.

-Según su propio testimonio, a Yanet Sánchez Cocho la pusieron a trabajar en la chapea “como si fuera un hombre”.

-Desde la Prisión del Guatao, Mailene Noguera Santiesteban envió una carta en la que relata que tres guardias la golpearon en el suelo y la tiraron de los cabellos mientras la llevaban para su celda. También contó algunos episodios de tortura física y psicológica: muchachas menores de edad a las que amenazaban poniéndoles pistolas en la cabeza; y cómo a una madre y una hija, puestas en cuartos separados, fueron forzadas a escuchar cómo golpeaban a la otra.

-Una de las detenciones de manifestantes del 11 de julio más denunciada por la brutalidad policial que implicó fue la de Lázara Kirenia González Fernández. A la joven, apresada en Cárdenas, Matanzas, una oficial boina roja, experta en artes marciales, le aplicó la técnica Doble Nelson. Una técnica prohibida por alto riesgo de causar la muerte a la víctima. El horrendo incidente le dejó a la víctima lesiones graves en su garganta y cuello, por lo cual no pudo ingerir alimentos ni líquidos en aproximadamente 5 días.

De acuerdo con un reportaje de la revista independiente El Estornudo, González estuvo 36 días en una celda donde había tantas mujeres que casi ni se podían acostar. Cuando tocaba la comida, los encargados no avisaban, tiraban las bandejas por debajo de la puerta y la comida se derramaba en el suelo. Los primeros días se quedaban sin comer, pero con el tiempo se comían la comida del piso. Durante sus interrogatorios, a Lázara la coaccionaban para hacerla gritar consignas revolucionarias. Permaneció toda una noche frente a una pared, sin comer, por negarse a firmar un papel donde decía que colaboraría con ellos y que nunca más saldría a la calle a protestar.

-Una experiencia similar de abuso de fuerzas represivas vivió Angélica Garrido. Estando esposada en el momento de la detención, cuatro policías le aplicaron una técnica al punto de asfixiarla. La tiraron contra la calle, le jorobaron los dedos de una mano hacia atrás, y hoy los tiene casi inútiles. A su hermana, María Cristina, la metieron en una celda llena de excremento, porque se negó a gritar “¡Viva Fidel!”; además, un guardia la pateó tan fuerte que se orinó encima.

-Como Lizandra Góngora Espinosa también se negó a participar en actos políticos en prisión, la tomaron de la mano a la fuerza, ella forcejeó, se cayó, se dio un golpe en la frente y estuvo muchos días con un morado en el área. Más recientemente, en octubre, su esposo denunció que Lizandra fue golpeada por una oficial y otra reclusa, luego de que protestara por la negativa de la oficial a permitirle realizar una llamada telefónica a sus hijos.

-Cuando a Yanet Sánchez Cocho la conducían a la antigua prisión del sida en San José, tres guardias mujeres la golpearon mientras ella permanecía esposada. Le patearon con las botas, le quitaron la ropa, le partieron la cabeza, le gritaron ofensas, le tiraron los perros pastores. Estuvo a punto de perder el conocimiento. Entretanto, dos guardias sostenían a su marido, que estaba con shakiras, para que viera cómo le pegaban a su mujer.

VI) Insalubridad, hacinamiento, falta de higiene y falta de higiene propia del género

Pese a que la Regla 5 de Bangkok indica que: “Los recintos destinados al alojamiento de las reclusas deberán contar con las instalaciones y artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género, incluidas toallas sanitarias gratuitas y el suministro permanente de agua para el cuidado personal de niños y mujeres, en particular las que cocinen, las embarazadas y las que se encuentren en período de lactancia o menstruación”; los siguientes testimonios procedentes de cárceles cubanas evidenciangraves violaciones:

-“Durante el proceso de instrucción de 16 días, mientras esperaba el juicio, me impactó que te lo quitan todo. Te dan derecho a un aseo, que no incluye champú, ni peine, ni cepillo. ¿Cuchilla de afeitar? Ni remotamente (…). No sé cuántas veces le supliqué a una de las guardias que me dejara desenredarme el pelo delante de ella, pero nunca me lo permitió. No sé cuántas veces le supliqué que, en su mano, me diera un poquito de champú, para poder lavarme la cabeza, porque lo que te dejan pasar es un pedazo de jabón de lavar, pero tampoco me lo dio y así estábamos todas allí. Lo que sucedió fue que cogí piojos, porque entre las diez mujeres que éramos en aquella celda de tres por tres metros, había una que tenía, y eso se regó que fue una barbaridad”. (Testimonio de “Lola” a Diario de Cuba, una mujer que cumplió sanción entre los años 2016 y 2019 por un delito común)

-“El calabozo no tenía iluminación, solo un hueco en el piso para hacer las necesidades y unas colchonetas entre las 6:00 de la tarde y 5:00 de la mañana. El agua fría para bañarnos la ponían durante una hora, a las 5:00 de la mañana”, describió al mismo medio Yadiana Ramírez, detenida el año pasado durante 15 días en el centro Santa Marta, ubicado en Matanzas.

-Después de recibir una golpiza a manos de agentes de la policía, bajo las órdenes de la seguridad del Estado, la Dama de Blanco Jackeline Boni, fue recluida dentro de una celda. Ese día comenzó a menstruar y las autoridades que la tenían detenida e incomunicada le negaron acceso a almohadillas sanitarias y a agua para asearse. Permaneció en ese estado durante cuatro días.

-En 2022, Luis Rodríguez Pérez contó que la condición física de su esposa, quien sumaba cincuenta días en una celda de castigo, estaba deteriorada. Angélica Garrido enfermó de moniliasis, “una enfermedad vaginal causada por el agua que toma en su celda, ya que el líquido sale muy cerca de donde debe hacer sus necesidades. También tiene sarna y pediculosis”, expresó.

VII) Humillación, degradación y maltrato verbal

“Gusana”, “vendepatria”, “contrarrevolucionaria”, “tirapiedras” y “prostituta” son los insultos más comunes en los centros penitenciarios de mujeres. Se los han proferido a presas políticas como Lázara Karenia González Fernández, Rosa Janis Millo Espinosa, Yanet Sánchez Cocho, entre otras. A Lizandra Góngora le han dicho que es “mala madre” y la han intentado insultar llamándola lesbiana. Mientras que, a Brenda, por ser trans, los guardias la agreden y ofenden con bastante frecuencia.

VIII) Registros corporales invasivos y amenaza de agresión sexual

Sin importarles que la Regla de Bangkok número 20 decreta que se sustituyan los registros sin ropa y los registros corporales invasivos, a fin de evitar las consecuencias psicológicas dañinas y la posible repercusión física, hay reportes de que la policía cubana los practica durante sus arrestos.

En octubre de 2016, la periodista Mónica Baró Sánchez fue detenida por agentes de la Seguridad del Estado, junto a cinco colegas hombres, cuando intentaban una cobertura sobre los estragos del huracán Matthew por el oriente de Cuba. En la sede municipal del Partido Comunista de Cuba del municipio Maisí, provincia Guantánamo, le ordenaron que se quitara las ropas. Luego una oficial le indicó: “Agáchate, puja y tose”. A ninguno de los varones que también fueron detenidos con ella se les aplicó la revisión corporal.

En entrevista para Cubanet, la joven Gabriela Zequeira, de 17 años en el momento de su arresto durante julio de 2021, contó que en la unidad policial de 100 y Aldabó, le ordenaron que se despojara de sus ropas, tosiera fuerte, hiciera cinco cuclillas mientras se apretaba el bajo vientre y, finalmente, se introdujera el dedo en su parte íntima. También denunció que mientras estuvo en la prisión del Guatao, el Mayor Abel le dijo que le buscaría dos hombres, “manguera” y “mandarria”, uno mulato fuerte y otro negro grande para “pabellón” (así se les llama a los espacios destinados para que los reclusos tengan intimidad sexual con sus parejas).

IX) Humillaciones y malos tratos frente a sus hijos

Según la Regla 28: “Las visitas en que se lleve a niños se realizarán en un entorno propicio, incluso por lo que atañe al comportamiento del personal, y en ellas se deberá permitir el libre contacto entre la madre y su hijo o sus hijos”. Sin embargo, a Rosa Janis Millo, una funcionaria del penitenciario El Guatao le prohibió que sentara a su hija pequeña sobre su regazo durante una visita.

“Lo peor era a la hora de despedirse” –recordó Lola en conversación con Diario de Cuba–. “Lo anunciaban cinco minutos antes y los familiares tenían que salir, pero siempre había quien se rezagaba. Insistían, pero los niños no se querían separar de sus mamás. Entonces, comenzaron a aplicar el reglamento a rajatabla. Quienes tenían que irse eran las internas y no los familiares. Habilitaron un lugar en el mismo salón, con una entradita, al que llamaban 'la pecera': un sitio pequeño, con rejas, donde amontonaban a 50 mujeres o más. Iban metiéndonos en 'la pecera' hasta que ya casi no cabíamos, y esto lo hacían delante de los familiares y de los niños que iban a ver a sus madres. Parecía una película kafkiana, los niños gritando, llamando a su mamá y su mamá metida en ese espacio lleno de mujeres. Así fue en lo adelante.”

X) Maternidad/paternidad en prisión, separación de los hijos y amenazas

El tema de las mujeres encarceladas involucra aspectos que trascienden la ya compleja situación de privación de la libertad, incorporando aspectos vinculados, como hemos visto, a la propia condición de género, así como al parto, la crianza de los hijos, la patria potestad, las violaciones, el abandono familiar, entre otros.

Desde que Lizandra Góngora está privada de libertad, Ángel Delgado, su esposo, está solo al cuidado de los cinco niños. Ángel dice que ha perdido la cuenta de la cantidad de veces que a su esposa le han cancelado la visita o las llamadas. Sus niños se desesperan y le preguntan cuándo verán a su mamá, quien se encuentra en un penal muy distante, pese a que no se les debe prohibir, sino más bien alentar y facilitar que las reclusas tengan contacto con sus familiares, especialmente con los niños, y se les debe evitar recluir en instituciones lejanas de su hogar (Regla 23 y 26).

Delgado también denunció que la Seguridad del Estado “juega mucho con el tema de sus hijos”. A él mismo lo han amenazado con quitarles la patria potestad. Entretanto, en la prisión, cuenta, a Lizandra han intentado “comprometerla” a cambio de beneficios como recibir visitas de 24 horas con los niños o salir a un campismo con ellos, pero se ha negado.

Según la Regla 49, toda decisión de permitir que los niños permanezcan con sus madres en la cárcel se basará en el interés superior del menor. En el sistema carcelario cubano las madres solo pueden permanecer con sus hijos durante el primer año de vida, luego deben designar a una persona que se ocupe del cuidado del niño, de lo contrario se gestiona el ingreso a una institución estatal para su cuidado.

Estas mujeres madres a menudo enfrentan un doble estigma o castigo; la sanción que cumplen y además la culpa de que sus hijos hayan sido separados de ellas rompiendo un vínculo que es catalogado como fundamental. Asimismo, aquellas que han decidido llevarlos junto a ellas durante su condena, también reciben su crítica porque exponen a los niños a una situación de violencia y encierro.

Lázara Karenia González Fernández fue condenada a 3 años y seis meses de privación de libertad por las manifestaciones del 11J. Pasó parte de su embarazo en la prisión La Belloté hasta que, en abril de 2022, luego del juicio, fue devuelta a su casa para que terminara su periodo de gestación y de lactancia. En mayo de este año, su hermana Kirenia alertó en redes sociales que, cuando en enero de 2024, el bebé de González “cumpla su primer añito de vida”, Lázara deberá volver a prisión, el bebé será separado de su madre y quedará al cuidado de su abuela materna.

El abogado Edel González Jiménez explicó que los niños de las personas privadas de libertad, ya sea madre o padre, pierden la posibilidad de una crianza activa y el cuidado cotidiano de los padres. Además, pueden presentar estrés postraumático, desórdenes de apego o déficit de atención, y reconoce que crecen con una mirada de la sociedad que muchas veces los estigmatiza.

Si bien no son todos, los ejemplos mencionados son una muestra suficiente para dictaminar que la afirmación del instructor judicial Luis Emilio Cadaval de que “Cuba cumple las Reglas de Bangkok”, es falsa. A pesar de la existencia de múltiples programas educativos y de reinserción social destinados a mujeres privadas de libertad, la mano dura que el sistema penitenciario cubano aplica contra las presas políticas vulnera sus derechos y su dignidad como mujeres y los de sus hijos.