El pasado 15 de noviembre tuvo lugar en Ginebra, Suiza, el cuarto Examen Periódico Universal (EPU) al que se somete el Estado cubano. Se trata de un mecanismo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para evaluar la situación de los derechos humanos en cada país, que se someten a estos procesos cada cuatro años y medio.
En esta ocasión Cuba recibió recomendaciones de 144 estados miembros de la ONU, que se centraron en temas como la libertad de expresión, asociación y reunión, la violencia de género, la pena de muerte, y la represión contra artistas, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.
Sobre esto último fue una de las afirmaciones más controvertidas realizadas por la delegación cubana, pues el instructor judicial del Departamento de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior (MININT), Luis Emilio Cadaval, afirmó que “en Cuba están prohibidas las detenciones arbitrarias”.
Sin embargo, esto contrasta totalmente con la realidad tanto de la sociedad civil y la oposición cubana, como de los agentes de la seguridad del estado, quienes sufren y ejecutan con frecuencia este tipo de procedimientos.
Las detenciones arbitrarias en Cuba se dan en la mayor parte de los casos de forma dirigida a personas puntuales, por órdenes de superiores, justamente del departamento de seguridad del Estado del MININT, donde trabaja Cadaval.
¿Qué son las detenciones arbitrarias?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos define las detenciones arbitrarias como aquellas que son contrarias a las disposiciones sobre derechos humanos de los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
De forma específica hay tres categorías de detención arbitraria; “cuando no hay base legal para la privación de libertad (por ejemplo, cuando una persona permanece detenida después de haber terminado su sentencia a prisión o a pesar de la ley de amnistía aplicable a ella)”; “cuando una persona es privada de su libertad por haber ejercido los derechos y libertades garantizados en la Declaración Universal de Derechos Humanos(UDHR) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR)” y “cuando una persona ha sido privada de su libertad tras un juicio que no cumplía las normas para la celebración de un juicio justo establecidas en la UDHR y otros instrumentos internacionales pertinentes”.
En ese sentido, cabe destacar que Cuba no ha ratificado el ICCPR, que cual fue una de las recomendaciones más comunes en el EPU, así como la de ratificar el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
De regreso a las detenciones arbitrarias, varias organizaciones de derechos humanos han denunciado y sistematizado los datos referentes a este fenómeno, como es el caso de Cubalex.
La organización fundada por la jurista cubana Laritza Diversent, quien fue parte de las pre sesiones del EPU el pasado agosto, señaló que “ las prácticas de detención en Cuba, reguladas por la Ley No. 143 del Proceso Penal, muestran discrepancias significativas con los estándares internacionales y generan ambigüedades en lo que respecta a los motivos de la detención y al margen de discrecionalidad con el que las autoridades pueden actuar”.
Cifras de las detenciones arbitrarias en Cuba
Según los datos de Cubalex, desde 2022 hasta la fecha han tenido lugar en la isla 906 detenciones arbitrarias, lo que equivale a más de una por día. Entre los activistas que más han sufrido estos procedimientos se encuentra la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el ex prisionero político Ángel Moya Acosta, quienes han sido detenidos de forma arbitraria en 71 y 61 ocasiones respectivamente.
Cubalex documentó detenciones arbitrarias de al menos 466 personas diferentes en este período, de las cuales 159 son mujeres, 306 son hombres y una persona es de género no binario. Del total de los casos 44 han constituido desapariciones forzadas de personas que han estado desaparecidas por tiempos prolongados o más de un día, agregó la organización.
Las detenciones arbitrarias son una práctica más que documentada en Cuba, y sobre la cual organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amistía Internacional han emitido comunicados condenando su uso en la isla.
Human Rights Watch ha documentado en detalle violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, maltratos y procesos penales abusivos, contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias cubanas, así como en la Isla de la Juventud.
También el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó un documento en el marco del EPU donde contabilizó 11.000 detenciones arbitrarias desde el año 2018 hasta la fecha.
Además, son conocidos los casos de activistas como Luis Manuel Otero Alcántara, quien antes de ser encarcelado y enjuiciado sufrió numerosas detenciones arbitrarias de forma sistemática durante casi dos años.
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