El dictador Miguel Díaz-Canel reconoció oficialmente un grave desabastecimiento de combustible y confirmó la activación de la opción cero en Cuba durante una comparecencia televisada desde La Habana, el 5 de febrero de 2026.
Díaz-Canel admitió que desde diciembre de 2025 el país no recibe petróleo procedente de Venezuela, lo que ha colocado al sistema energético nacional en una situación crítica. El impacto no se limita a la generación eléctrica, sino que afecta de forma directa al transporte, la producción y el funcionamiento de servicios básicos vinculados a la población.
Ante este panorama, el Consejo de Ministros aprobó la aplicación de la opción cero, un plan diseñado durante el Período Especial de los años noventa para operar el país en condiciones de emergencia. A diferencia de otras etapas de crisis, las autoridades reconocen que el nivel actual de desabastecimiento obliga a contemplar medidas que nunca llegaron a ejecutarse plenamente en el pasado.
Qué es la opción cero en Cuba
La opción cero supone la paralización del transporte no esencial, la suspensión de actividades productivas y administrativas y la concentración de los recursos disponibles en sectores considerados estratégicos, como hospitales, seguridad y funciones mínimas del Estado. En la práctica, implica una reducción drástica de la movilidad y de la vida económica cotidiana.
Desde hace días, la posibilidad de que el régimen recurriera a este escenario se consideraba inevitable ante la persistencia de apagones prolongados, la escasez de combustible y la parálisis progresiva de los servicios. La confirmación oficial marca un punto de inflexión y anticipa un impacto aún mayor sobre millones de cubanos, en un contexto ya deteriorado por la crisis energética, la inflación y el colapso de infraestructuras básicas.
Cronología de la crisis energética en Cuba
La crisis energética es el resultado de una acumulación de fallos estructurales a lo largo de varios años. Desde 2021, los apagones dejan de ser esporádicos y pasan a formar parte de la vida cotidiana, en un contexto de deterioro acelerado del sistema eléctrico, falta de mantenimiento de las termoeléctricas y dependencia casi absoluta de combustibles importados.
Hechos como el ocurrido en la base de supertanqueros de Matanzas en 2022 y los apagones nacionales tras fenómenos meteorológicos extremos evidencian la fragilidad de una infraestructura incapaz de absorber choques sin colapsar.
Durante 2024 y 2025, la situación se agrava con apagones prolongados, caídas reiteradas del sistema eléctrico nacional y una reducción sostenida del suministro de combustible, tanto por la pérdida de apoyos externos como por la falta de liquidez para importar en el mercado internacional. El Gobierno reconoce entonces que no puede cubrir ni siquiera los mínimos de generación previstos.
Las protestas vinculadas a apagones y escasez dejan de ser hechos aislados y se convierten en un síntoma recurrente de una crisis que ya no afecta solo a la electricidad, sino también al transporte, la producción de alimentos y el funcionamiento básico del país.
La activación de la opción cero marca un punto sin precedentes. Nunca antes el Estado había admitido de forma tan explícita la imposibilidad de sostener la vida económica y social más allá de servicios mínimos. En un país donde amplios sectores viven hoy en precariedad extrema, el contraste con una élite que no padece estas carencias expone una fractura profunda. Lo que se vive en estos momentos es una crisis inédita por su duración, su profundidad y por la ausencia de un horizonte visible.
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