La Asociación de Madres y Familiares por la Amnistía (AMFA) de los presos políticos en Cuba dirigió este 12 de abril una carta denuncia a la organización Amnistía Internacional (AI), con el fin de poner en evidencia que "la situación de derechos humanos en Cuba es dramática".
"Vemos con gran pesar: presos opositores con una salud precaria, detenciones arbitrarias, ensañamiento y criminalización de protestas que pedían un cambio democrático en la Isla, y lo peor de todo son los juicios sumarios, con penas que pueden oscilar entre 15, 25 o hasta 30 años de prisión", reza en el documento elaborado por Causa Justa, de los Asuntos Jurídicos de la AMFA.
La asociación, integrada por 37 familiares de manifestantes del 11 de julio de 2021 (11J), fue constituida el pasado 21 de marzo, bajo el padrinazgo de la Red Femenina de Cuba (RFC) y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Precisamente, Elena Larrinaga de Luis, coordinadora de RFC y asesora jurídica de AMFA, aparece como firmante de este documento enviado a AI.
"Nuestra mayor preocupación se basa en los miles de jóvenes, mujeres y varones, detenidos y judicializados por participar en las manifestaciones de julio pasado en Cuba, la AMFA solicita al gobierno cubano su inmediata liberación", sostienen las madres y familiares del 11J.
Así mismo, AMFA estima que "un Estado que no se plantea una salvaguarda sustancial de los derechos humanos no puede hablar de Estado de Derecho. El escudo protector de la dignidad humana en la sociedad (La Constitución) establece garantías y resguardos previstos frente al ejercicio de la coerción penal en el uso de la fuerza estatal".
La asociación, que desde un comienzo se desmarca de ser considerada una organización política, sigue en esta denuncia uno de los puntos sugeridos por el manual de procedimientos elaborado por el think tank Cuba Próxima, que recomienda contactar organizaciones internacionales de derechos humanos para recibir ayuda, asesoría y visibilidad en los casos de sus familiares detenidos.
El texto es enérgico al condenar los 790 jóvenes presos políticos de "la dictadura Castro-Canel", que pretende "criminalizar un acto democrático como es ejercer la libertad de expresión”.
AMFA también denunció "las controversias que en la sociedad se presenten entre el Estado y los particulares o entre dos o varias personas". Además, manifestó que "se deben resolver en procesos que se encuentren inspirados en una serie de garantías que permitan adoptar decisiones justas y equitativas, así como el respeto a los derechos de las partes involucradas".
La dictadura Castro-Canel pretende "criminalizar un acto democrático como es ejercer la libertad de expresión”.
Apoyados en instrumentos sobre derechos humanos internacionales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, la asociación instó a resolver dichas "controversias" en un marco de respeto mutuo.
"Es deber de los Estados proteger y garantizar a todas las personas, sin discriminación alguna, los derechos humanos. Para ello debe disponer de recursos y mecanismos idóneos para hacerlos efectivos y para una protección y garantía eficaz se hace necesario, obviamente, la existencia de normas que protejan esos derechos, requiere de un sistema judicial que actúe consecuentemente, tanto a nivel universal como regional, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos establecen los principios básicos que deben regir la administración de la justicia", esgrime la denuncia.
La misiva hace una breve reseña de la legislación internacional vigente sobre el debido proceso, violado reiteradamente por las autoridades cubanas en las detenciones a manifestantes y otros presos. Por ese orden, AMFA enumera los artículos de la Constitución cubana que son incumplidos una y otra vez por quienes se supone deben velar por su correcta aplicación, lo que atañe también a los jueces y fiscales que emitieron condenas arbitrarias contra los del 11J.
El documento pretende llegar a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que esta "recomiende a la Asamblea Nacional del Poder Popular cubana, la necesidad de realizar un estudio integral del sistema cubano de justicia penal, y la necesidad de continuar el perfeccionamiento del sistema de justicia, a favor de los presos políticos y la población en general".
Además, para que "promueva, a través de mecanismos diplomáticos, ante la Fiscalía General de la República de Cuba, que abogados independientes promuevan ante los tribunales cubanos, competente, procedimiento de Habeas Corpus, por las demoras y abusos en las condenas, conforme a las exigencias establecidas en la ley".