El espaldarazo a la marcha convocada por la sociedad civil cubana para el próximo 15 de noviembre ya cuenta con el apoyo de organismos internacionales, diplomáticos y organizaciones que defienden su licitud, como en los casos del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), el movimiento 27N y la plataforma Archipiélago.
CTDC, uno de los convocantes de la marcha, publicó este 25 de octubre un documento, —“Hacia la Cuba de los ciudadanos. La licitud del #15N”—, en el que se exponen 14 “consideraciones sobre la legitimidad y legitimidad de la acción política y constitucional de la ciudadanía en nuestro país”.
“La respuesta negativa por parte de las autoridades cubanas a la convocatoria de una Marcha Cívica, inicialmente prevista para el 20 de noviembre y luego adelantada para el 15 del mismo mes, reabre la conversación nacional sobre la legitimidad de la acción ciudadana en Cuba”, estimaron los de la organización promotora de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho en la isla.
La soberanía del pueblo es intransferible al Partido
El texto se fundamenta en el artículo 3 de la Constitución cubana vigente desde 2019, que declara la soberanía intransferible del pueblo, de la que “dimana el poder del Estado”. Sin embargo, las contradicciones en la propia carta magna son evidentes en otros estatutos, como los artículos 1, 4, 5 y 229, por lo que los del CTDC catalogan las protestas del pasado julio como una repuesta a estas contravenciones de una Constitución desaprobada por un porciento no despreciable de la población y refrendada en condiciones poco democráticas.
A pesar de todo, los activistas insisten en la base legal que el artículo 56 otorga a la iniciativa de manifestarse pacíficamente en Cuba, lo que consta en todas las actas entregadas a intendencias y gobiernos provinciales en la isla con miras a marchar el 15N.
“Ninguna ley en el ordenamiento jurídico cubano suspende el ejercicio de derechos soberanos […]. La respuesta dada por las Intendencias no tiene eficacia jurídica alguna. La licitud de los fines la establece el soberano. Todo fin pacífico es lícito. Aquella respuesta solo recoge la voluntad de un partido único que se debe a la soberanía del pueblo, a quien no se le dio la oportunidad de deliberar sobre la irrevocabilidad dictada del ‘socialismo’ ―un término que en Cuba abandona todo sentido ideológico a favor de una exclusiva interpretación penal”, dijeron los redactores del documento, mientras argumentaban sus tesis con fragmentos extraídos de la propia Constitución que avalan lo expresado.
Obligaciones del gobierno frente a los DDHH
En los acápites finales, el CTDC invocó los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Cuba, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos ―aún no ratificado―, el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con la Unión Europea y la Declaración Especial sobre la Defensa de la Democracia y el Orden Constitucional en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
“Frente a esta voluntad totalitaria, los cubanos tenemos una meta y un desafío estratégicos: desideologizar las leyes y la Constitución y, en base a nuestro derecho soberano, resolver, a favor de la diversidad, pluralidad y ciudadanía cubanas, el dilema entre esa autocracia y la democracia", finalizaron los de la organización que preside José Daniel Ferrer García, prisionero político desde el 11J, en un texto firmado por Marthadela Tamayo (Vicepresidenta Primera), Elena Larrinaga (Secretaria Relaciones Exteriores) y Manuel Cuesta (Vicepresidente).
El 27N reafirma su apoyo a la marcha
La licitud del 15N también ha recibido el apoyo este 25 de octubre del movimiento 27N, cuyos miembros emitieron un comunicado rememorando lo acontecido desde la histórica sentada de cientos de artistas frente al Ministerio de Cultura de La Habana, el 27 de noviembre de 2020, hasta la actualidad, cuando la sociedad civil y algunos de los protagonistas de aquella protesta promueven una marcha pacífica por cambios democráticos y la liberación de todos los presos políticos de la isla.
“El 11 de julio ocurrió un despertar. Hoy esa ciudadanía en pie nos pide marchar el 15 de noviembre, por la liberación de los manifestantes presos, contra la violencia y el autoritarismo, por la paz y el respeto a nuestros derechos civiles y políticos, por una solución democrática a nuestras diferencias políticas”, manifestaron los del 27N.
El comunicado es emitido pocos días después de una entrevista de medios oficiales al dramaturgo y activista Yunior García Aguilera, quien fue citado el pasado 21 de octubre por la Fiscalía Provincial de La Habana para comunicarle que la marcha no tiene autorización y que podría enfrentar cargos si persiste en la promoción de la misma.
Pronunciamientos de Yunior García
Yunior, coordinador de la principal plataforma impulsora de la manifestación, Archipiélago, es además miembro del 27N. Sobre el “silencio” de este último movimiento con respecto al 15N inquirió una periodista del portal digital Cubainformación.tv, a lo que Yunior respondió que “en primer lugar, la voluntad de marchar es una decisión soberana de los ciudadanos”, pero que también había recibido el apoyo de sus colegas en el 27N.
“A casi un año de esa noche frente al Ministerio, #27N marchará por el derecho a tener derechos. No marcharemos a favor de una ideología. Marcharemos contra el autoritarismo, contra la violencia, contra la intolerancia, la discriminación y criminalización del pensamiento. Marcharemos por una nación donde expresarse y crear libremente no constituya un acto de valentía”, dijeron en el comunicado los activistas de un movimiento integrado entre otros por prestigiosos artistas como Tania Bruguera, Camila Lobón y Julio Llópiz Casal. “Tenemos que poder hacerlo junto a quienes piensan diferente, para que sea la diferencia madre gestora de nuestra aspiración de libertad”, concluyeron.
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