La ONG Cuba Próxima, Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho en la isla, publicó este 21 de septiembre un comunicado dirigido al dictador Miguel Díaz-Canel el que exige el "cese del odio político" y la "liberación incondicional" de los manifestantes del 11 de julio.
"Cuba padece quizá la crisis más compleja de su historia, marcada por una honda frustración y una riesgosa polarización, y evidenciada con la rebelión popular del 11J", declara el texto, especie de decálogo que pretende introducir reformas en la Constitución cubana para el "estricto cumplimiento" de las autoridades.
El laboratorio de ideas que dirige el politólogo e intelectual cubano Roberto Veigas González (Matanzas, 1964), demanda la "libertad incondicional y no enjuiciamiento para los participantes en las manifestaciones de protesta del 11 de julio", así como la "amnistía general para el resto de presos políticos", exceptuando, según la nota, los casos de "delitos por terrorismo" "fehacientemente probados".
"Proscribir el odio político y la discriminación por razones políticas, raciales, de género y orientación sexual", ratificar lo estipulado en los tratados internacionales de derechos humanos y legalizar partidos y organizaciones de la sociedad civil, están también entre los puntos analizados por la ONG, creada recientemente para propiciar una transición pacífica hacia la democracia en Cuba, a través de mecanismos jurídicos y políticos.
A favor de todos
La organización, que tiene por lema "A favor de todos y en contra de nadie", pide además "reconocer el derecho de la emigración a participar en los esfuerzos democratizadores y económicos de Cuba, sin las limitaciones gubernamentales impuestas", tanto como "eiminar el destierro de médicos y personal sanitario por 8 años y la figura de 'regulados' que afecta a opositores políticos, periodistas independientes y activistas de la sociedad civil".
El comunicado denunció la situación de varios grupos sociales en la isla que sufren directamente las consecuencias de una economía precaria, la que, consideran, debe "avanzar hacia una economía de mercado que genere riqueza y prosperidad", en una sociedad donde se establezcan y protejan legalmente "las libertades de expresión, reunión, manifestación, creación, asociación y prensa".
Por último, los de la ONG, heredera de otros proyectos como Espacio Laical (2005-2014) y Cuba Posible (2014-2019), solicitan el redimensionamiento de los poderes judicial y legislativo, con la democratización de los cuerpos del orden y el acceso de todos los cubanos a los cargos de autoridad pública mediante elecciones "libres, directas, plurales y competitivas". También se exige la eliminación de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, donde han sido juzgados muchos manifestantes del 11J y opositores al régimen.
"Una vez asumidos y consolidados estos cambios", concluye, "el gobierno debe propiciar un diálogo de reconciliación nacional, sin exclusiones, al que Cuba Próxima contribuiría con lealtad a la nación, coherencia democrática y sentido de estado".
La iniciativa de Cuba Próxima, que cuenta con la asesoría internacional de personalidades como el chileno Sergio Bitar, el noruego Vegard Bye y el norteamericano Peter Hakim, sigue a las formuladas en años anteriores al régimen de la isla y a Díaz-Canel, que señala estas propuesta de "centristas", término que entre la oficialidad cubana se maneja como contrario a sus intereses de poder.