El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) hizo público en un comunicado de este 11 de enero el envío de una denuncia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), a propósito de la situación de 39 menores de 21 años “encarcelados en Cuba por protestar pacíficamente” el pasado 11 de julio (11J).
“Rogamos que se dé inicio a los procedimientos especiales correspondientes […] por el contenido, la naturaleza de las víctimas y actualidad de los efectos dañosos a causa del tipo de represión que se demuestra”, reza el informe que abarca casi un centenar de páginas presentado el lunes ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
El documento recoge los casos de 39 cubanos con edades inferiores a 21 años se encuentran bajo “medida cautelar arbitraria y extrema de prisión provisional a la espera de ratificación de condenas de hasta 23 años de privación de libertad”.
La ONG, radicada en Madrid, destaca así mismo el que 11 de los 14 menores que permanecen en prisión “han recibido imputación oficial por el delito de sedición, previsto y sancionado en el artículo 100 del Código Penal, cuyo marco sancionador prevé condenas de 10 a 20 años o muerte (Pena Capital)”. También resalta los casos de adolescentes de entre 14 y 15 años, encarcelados en contra del "debido proceso" y violando las propias leyes de Cuba, un país que continúa sin implementar la Convención de los Derechos del Niño o las reglas de la ONU para la protección del niño que presuntamente cometió el delito.
Mientras que varias decenas, según el informe, “esperan la finalización de investigaciones policiales y la celebración de juicios arbitrarios para ir a la cárcel, habida cuenta todas las acciones desarrolladas en su defensa dentro de la isla han sido rechazadas o desestimadas bajo el brutal sistema de presión y de coacción implantado por fuerzas de la Seguridad del Estado”.
Tras una Navidad negra, en la que se celebró más de un centenar de juicios a manifestantes del 11J, el nuevo año comenzó con la misma ola de procesos condenatorios de las miles de personas que salieron a las calles a exigir sus derechos.
En referencia a “las detenciones y procesos que se sostienen” contra los niños, niñas, adolescentes o jóvenes manifestantes, OCDH exigió que “deben ser declaradas como arbitrarias y en su favor se necesitan urgentes pedidos de libertad y de reparación”.
Al mismo tiempo, la organización fue crítica con la UNICEF al declarar que esta “ha centrado su atención en analizar la repercusión sobre la infancia de las diferentes políticas públicas en materia de instrucción, salud y cultura básicas no democráticas", pero no ha hecho lo mismo en materia de “las políticas y legislaciones existentes” del régimen para condenar a los menores. El documento denuncia por ese estilo “la inexistencia en Cuba de un sistema de educación democrática que promueva y defienda a plenitud los derechos humanos”.
En noviembre pasado, UNICEF se manifestó tibiamente sobre “los presuntos casos de detenciones de niños y niñas reportados en Cuba” e hicieron “un llamado a las autoridades cubanas para que proporcionen información adicional verificada sobre niños y niñas presuntamente en esta situación”.
OCDH, en una línea de denuncia más enérgica, solicitó a los organismos a los que va dirigido el informe la activación de "procedimientos especiales" vinculados al "Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, el Relator especial sobre la promoción y protección de los derechos de libertad de opinión y expresión y el Representante especial del Secretario General de la ONU para los defensores de derechos humanos".
Por último, la ONG responsabilizó directamente “del incumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales que constituyen el objeto central de comunicación/denuncia” a Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba y primer secretario del PCC; Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro. Además como presuntos responsables indirectos se señalan al General de Brigada Lázaro Alberto Álvarez, ministro del Interior; a Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República, y a Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular.