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Activistas exhortan a CIDH a constatar situación de presos en Cuba

El Grupo de trabajo "Justicia 11J" ha registrado hasta la fecha 1130 personas detenidas tras las manifestaciones, y de ellas 572 permanecen en las cárceles cubanas, con reportes de actos de torturas y malos tratos.

Bandera cubana entre rejas
Imagen: Francis Sánchez

Casi una veintena de asociaciones de activistas por los derechos humanos firmaron este 21 de octubre una solicitud exhortando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a realizar una visita in loco para constatar el estado real de las personas privadas de libertad en Cuba.

En una Audiencia Temática —"Situación de derechos humanos en el contexto de la protesta en Cuba”— en la que también participaron familiares de presos políticos, las organizaciones impulsaron la idea de un diálogo con la Comisión y el régimen para abordar el tema en cuestión. Sin presencia del estado cubano, el 181⁰ período de sesiones de la CIDH recibió a miembros del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, Civil Rights Defenders, Cubalex, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), el Movimiento San Isidro (MSI), el Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), La Hora de Cuba, IFEX‐ALC, ARTICLE 19 México y Centroamérica, la Fundación para la Democracia Panamericana, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos, Impulsa Latinoamérica, Cuba Decide, Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y el Instituto Patmos.

reportes de actos de torturas y malos tratos

Durante la Audiencia, desarrollada de manera virtual, Sayli Navarro, promotora de Cuba Decide e integrante de las Damas de Blanco, denunció su detención a raíz de las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio, así como la de Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel”, José Daniel Ferrer, coordinador nacional de UNPACU y CTDC, Fernando González, Roilán Zárraga y José Pupo, miembros de UNPACU y promotores de Cuba Decide; Keilylli de la Mora y Rosa Jany Milo Espinosa.

En cifras generales la directora de Cubalex, Laritza Diversent, denunció que en conjunto con el Grupo de trabajo Justicia 11J se han registrado hasta la fecha 1 130 personas detenidas tras las manifestaciones, y de ellas 572 permanecen en las cárceles cubanas, con reportes de actos de torturas y malos tratos.

Precisamente esta semana un informe de la ONG Human Rights Watch (HRW) daba cuenta de la "brutal estrategia de represión" del régimen contra quienes disienten de sus políticas. Tanto HRW como ahora Cubalex coinciden en que esta estrategia está dirigida a "infundir miedo" y "tener un efecto ejemplarizante" en la sociedad civil cubana, principalmente, destacó Diversent, en jóvenes, afrodescendientes, mujeres e integrantes de la comunidad LGBTIQ+.

La jurista también informó sobre el arresto con motivo del 11J de 18 periodistas cubanos, cinco mujeres y 13 hombres de ocho medios independientes, quienes tras su excarcelación han continuado siendo acosados por las autoridades y varios de ellos en reclusión domiciliaria. A tono con un informe reciente de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre el estado de la libertad de expresión y de prensa, que ubica a Cuba entre los peores países de la región, Diversent acusó al régimen de la isla de atentar contra estas libertades en el espacio digital, al promulgar leyes como el decreto 35.

pedagogía de la crueldad

Sobre las detenciones arbitrarias de artistas hablaron Osvaldo Navarro Veloz, de CIR, y Michel Matos, del MSI. Al menos 39 casos relacionados con artistas cubanos y las protestas han sido documentados por esta última organización, de la que todavía su principal coordinador, Luis Manuel Otero Alcántara, continúa en prisión. Matos también hablo del "uso abusivo de prisiones preventivas, ya sea en cárceles o domiciliarias, decomiso de obras, prohibición de salir del país, cortes sistemáticos de las comunicaciones, denegación al acceso de servicios esenciales como salud, o la vivienda", como tácticas del régimen para hostigar a los artistas críticos con el sistema.

En representación del CIR y el CTDC, Marthadela Tamayo González dejó en evidencia la represión de la dictadura cubana contra los cuerpos de las mujeres, como una "pedagogía de la crueldad". En este sentido menciono los casos de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido Rodríguez, ambas madres jóvenes y activistas pro derechos humanos, arrestadas violentamente por seis agentes de la policía en una "cacería de brujas" posterior a las manifestaciones del 11J.

“No existe libertad ni un régimen democrático, y en tanto no se atienda esa causa, es muy difícil poder avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos. Nos preocupan las violaciones al debido proceso y penas desproporcionadas cuyo único objetivo es desalentar el libre derecho a la protesta y a las libertades. La CIDH reitera su compromiso por seguir visibilizando la situación en Cuba», declaró Edgar Stuardo Ralón Orellana, Comisionado de CIDH y relator del país, quien reconoció la labor de las organizaciones independientes cubanas en su denuncia a la dictadura de la nación caribeña.

CIDH en pleno, y en particular en la voz de Julissa Mantilla Falcón, primera vicepresidenta, reiteró el compromiso de la Comisión de seguir monitoreando y apoyando el trabajo de las organizaciones y miraron con preocupación las amenazas del régimen a la oposición cubana con motivo de la marcha ciudadana anunciada para el próximo 15 de noviembre, para lo que anunciaron mantener una "vigilancia especial" en la jornada.

A propósito de este tema, este 22 de octubre el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) solicitó a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la promoción de una acción internacional en favor del derecho de los cubanos a "manifestarse libremente sin ser reprimidos", según una carta suscrita por el director ejecutivo del OCDH, Alejandro González Raga.

Tanto OCDH como CIDH apuestan por el diálogo político y la mediación de instituciones internacionales para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en la isla y evitar que se "repitan las acciones violentas contra los manifestantes como el pasado mes de julio".

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