La organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders (CPD) publicó un meticuloso informe en el que se denuncian "las arbitrarias condenas impuestas a los prisioneros de conciencia" en la isla, a quienes se les niegan flagrantemente todos sus derechos, como los de "valoración a excarcelación anticipada y cualesquiera otros beneficios penitenciarios".
CPD señala con exactitud que, "con respecto a las medidas de gracia penitenciaria, se están ejecutando violaciones flagrantes al derecho penal en Cuba, como 1) El Código Penal de Cuba en sus artículos 30.13, 58, 32 y 83; 2) La Constitución de Cuba, en sus artículos 42 y 43; 3) La Ley 83 o Ley de la Fiscalía General de la República, en su artículo 28; 4) El Reglamento del Sistema Penitenciario, arts. 64 y 65".
El análisis —en la página web de CPD desde este 23 de junio—, resalta el hecho de que las autoridades cubanas obvian las leyes internacionales sobre el procedimiento penal, con especial ensañamiento en el caso de los presos políticos. Específicamente, la dictadura viola a este respecto lo estipulado en "1) La Declaración Universal de los Derechos Humanos, arts. 1, 2, 5, 7, 9, 10 y 18; 2) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 3, 7, 9 y 10; 3) Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones Unidas, en sus arts. 6.1, 8, 31 y 32.1".
"Muy pocos casos son excarcelados cuando han vencido casi la totalidad de las condenas. Cuando esto ocurre, estos pocos casos cumplen sentencias con medidas domiciliares penales, con o sin trabajo forzoso y siempre con limitaciones de movimiento estrictas, y con cuya reversibilidad (revocación a prisión) las autoridades amenazan y advierten a los condenados para que estos abandonen el activismo de conciencia", señalaron los de CPD, y apuntaron que, según las estadísticas del último año, "la mayoría de los convictos de conciencia han cumplido íntegras sus condenas en prisión".
Además de esto resulta alarmante la alta cifra —31 % de los 150 registrados hasta junio por la organización— de esta clase de reclusos que permanecen encarcelados en espera de un juicio, bajo prisión provisional u otras medidas cautelares y sometidos a procesos turbios en los que terminan siendo acusado por falsos delitos, construidos con el apoyo de las fuerzas policiales y de la Seguridad del Estado.
Por otra parte, "27 convictos de conciencia, el 51% de los 53 encarcelados con sentencias firmes condenatorias se encuentran en estado grave de violación de sus derechos de libertad, pues han rebasado con creces tanto la mitad como las dos terceras partes del término de la condena (el que fija el legislador cubano como última y más severa condición para valorarse en sede judicial la libertad condicional)".
A pesar de que los principales voceros del régimen han negado año tras año la presencia de prisioneros por motivos políticos, la diferenciación con respecto a los presos comunes es tácita, pues según el estudio "la totalidad de los convictos de conciencia son catalogados como 'internos priorizados', si bien sus falsos y fabricados delitos están entre los más comunes en Cuba. La causa de ello es la motivación política, por lo que les aplican las siglas CR ('contrarrevolucionario') a su expediente, afectando gravemente a su discriminación y derechos".
Como parte de esta caracterización del establishment hacia sus prisioneros más incómodos, CPD destacó la "anomalía del sistema penal cubano" que consistió en la eliminación a comienzos de la Revolución de "la figura del juez instructor", y su sustitución por "la figura del policía instructor, por lo que la instrucción de la causa no la realiza un tercero, presuntamente imparcial, sino el propio organismo interesado en la acusación, y que por lo general es parte de los hechos, genera los testimonios entre sus cuadros y conforma la acusación troncal de la causa".
No obstante integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidos, el gobierno de Cuba ha recibido por la situación de sus presos políticos la condena de varias organizaciones, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria de la ONU, Amnistía Internacional y el Parlamento Europeo. CPD hizo referencia a las medidas cautelares en favor de los reos políticos cubanos, emitidas por algunas de dichas instituciones, así como sus respectivos pronunciamientos.
Protestas en New York
En el marco de las votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre la resolución anual contra el embargo estadounidense hacia Cuba, varios exiliados cubanos se reunieron frente a las oficinas del organismo para protestar contra las violaciones de derechos humanos y denunciar la permanencia de 150 personas encarceladas por motivos políticos en la isla.
Destacados activistas de la sociedad civil cubana, entre los que se encontraron los periodista Carlos Manuel Álvarez y Tomás Castellanos, la historiadora de arte Omara Ruiz Urquiola y los artistas Luis Eligio D Omni, Javier Caso y Kizzy Macías.
Una caravana de exiliados de la patria acompañó a los manifestantes, apoyados por organizaciones como S.O.S Cuba y ProActivo Miami, quienes corearon canciones como la popular "Patria y Vida", o temas de la emblemática Celia Cruz.
Las imágenes de los prisioneros políticos Maykel Castillo (Osorbo), Yuisán Cancio Vera, Luis Ángel Cuba Alfonso, Thais Mailén Franco Benítez, Esteban Lázaro Rodríguez López, Inti Soto Romero, Yeilis Torres Cruz y Adrián Coroneaux Stevens, fueron llevadas en caretas sobre los rostros de los participantes y algunos, como Carlos Manuel Álvarez, rememoraron el performance "Garrote Vil", de Luis Manuel Otero Alcántara, que desatara la violencia del régimen en abril pasado.