El periodista independiente cubano José Antonio López Piña fue detenido por la policía y la Seguridad del Estado en julio de 2026, golpeado y amenazado con una larga condena de prisión y posibles represalias contra su vida al ser interceptado mientras filmaba en una calle de Santiago de Cuba.
Según relató López Piña:
"Estaba filmando en la calle cuando apareció la policía y fui atacado por ellos. Después fui conducido a la unidad policial de El Palacete por oficiales del DTI [Departamento Técnico de Investigaciones]; según ellos, son el grupo de enfrentamiento a la contrarrevolución. Me rompieron el teléfono."
"Me golpearon y me dijeron que era un traidor"
De acuerdo con su testimonio, las amenazas fueron realizadas por un oficial de la Seguridad del Estado identificado como Robert:
"Me golpearon de la cintura para abajo. Me amenazaron y me dijeron que yo era un traidor, que podía sufrir una larga condena de prisión y que estuviera preparado para lo que pudiera sucederme por seguir en esta labor, según ellos, subversiva."
Los represores le advirtieron que su vida:
"Podía correr peligro en medio de la situación actual del país."
López Piña situó el ataque dentro de un patrón de agresiones sistemáticas por parte de los represores del régimen:
"Yo he venido sufriendo varios asaltos. Ya este año me han hecho dos."
La destrucción del teléfono dejó al periodista sin una de sus principales herramientas de trabajo y comunicación. López Piña explicó que está utilizando un dispositivo prestado por un amigo porque no dispone de teléfono propio.
Un historial de detenciones, amenazas y procesos penales
Los antecedentes documentados de violencia estatal contra José Antonio López Piña se remontan a 2019, cuando fue detenido, golpeado y torturado tras participar en una campaña contra el referendo constitucional. También ha sufrido allanamientos, citaciones y multas vinculadas con su activismo y su labor periodística.
Después de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), el régimen abrió contra él un proceso judicial por el presunto delito de "instigación a delinquir" debido a la difusión de imágenes de las manifestaciones. En 2022, acumulaba más de 25.000 pesos en multas que consideraba arbitrarias, mientras el expediente por impago avanzaba hacia la Fiscalía.
En agosto de 2023, agentes entraron en su vivienda sin mostrar una orden judicial, lo sacaron a rastras y lo trasladaron a una unidad policial, donde fue golpeado. Además, le decomisaron el teléfono y le impusieron una multa de 4.120 pesos.
Cubalex documentó en 2024 que el proceso iniciado tras el 11J seguía abierto y que la Seguridad del Estado lo había amenazado con acusarlo de "usurpación de funciones" por ejercer el periodismo independiente. En 2025, López Piña denunció nuevas restricciones, amenazas de prisión y confiscación de bienes, así como la apertura de un expediente de "peligrosidad predelictiva".
Esta secuencia de agresiones, sanciones, procesos penales y amenazas sitúa este ataque de 2026 dentro de un patrón continuado de represión contra su labor periodística.