En plena emergencia por el paso del huracán Melissa, el régimen cubano presentó su nuevo Programa para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, un amplio plan de ajuste que el régimen describe como una estrategia para “ordenar las finanzas públicas”, pero que en la práctica representa un duro golpe para los sectores más vulnerables. Publicado casi en silencio, mientras el país centra su atención en el huracán, el documento revela un cambio de rumbo económico que consolida la retirada progresiva del Estado de su papel tradicional de sostén social.
El plan, de más de noventa páginas, propone una serie de medidas que afectan de forma directa al nivel de vida de la población. Entre ellas se incluyen la eliminación de subsidios, el aumento de tarifas de servicios básicos como electricidad, agua, transporte y combustibles, y una mayor carga tributaria para empresas y ciudadanos. Además, el programa contempla reducir el déficit fiscal, restringir los productos subsidiados de la libreta de racionamiento únicamente a “personas vulnerables” y crear un impuesto sobre el valor añadido (IVA) que encarecerá los bienes esenciales.
Estas medidas llegan en un contexto de grave deterioro económico. Cuba enfrenta apagones de hasta veinte horas diarias, una inflación descontrolada y salarios devaluados que apenas cubren la alimentación básica. A ello se suma una dolarización parcial que ya divide a la sociedad entre quienes pueden acceder a divisas —a través de remesas o negocios privados— y quienes dependen exclusivamente del peso cubano. El nuevo programa profundiza esa brecha al establecer que muchos productos y servicios solo se ofrecerán en monedas extranjeras.
También se refuerza la bancarización forzosa y los pagos digitales, pese a los frecuentes fallos del sistema financiero y la desconfianza ciudadana hacia los bancos estatales. El texto oficial no aclara de dónde provendrán los fondos para financiar la recuperación ni cómo se garantizará el cumplimiento de las metas productivas. Salvo en el caso de la Unión Eléctrica (UNE), el programa evita precisar fuentes de ingresos o estrategias concretas.
El resultado, advierten economistas independientes, es un ajuste estructural sin compensaciones reales. El Estado reduce su gasto social, traslada el peso de la crisis a los ciudadanos y abre más espacio a la desigualdad. Lo que el régimen presenta como un “reimpulso económico” es, en realidad, un paquete de austeridad que deja a la población frente a precios más altos, menos subsidios y una moneda cada vez más débil.
Este ajuste económico, lanzado en medio de una emergencia climática, simboliza la paradoja de un país que enfrenta dos tormentas simultáneas: la natural y la política. Mientras el huracán Melissa amenaza devastar la región oriental de Cuba, el gobierno impone un programa que amenaza con arrasar también la estabilidad social.