Desde 2022, el régimen de los ayatolás protagoniza uno de los ciclos más duros de control estatal de las últimas décadas. Manifestaciones sofocadas con violencia letal, ejecuciones, detenciones arbitrarias y un sistema judicial que opera como extensión del poder religioso forman parte del paisaje político iraní. En el centro de las protestas en Irán están las mujeres: desafían leyes que regulan su vestimenta, su movilidad y su autonomía, y pagan ese desafío con cárcel, tortura o muerte.
El aparato del Estado iraní funciona como una teocracia cerrada, donde la desobediencia civil y la exigencia de derechos básicos se castigan como amenaza existencial. Informes de organizaciones internacionales documentan un patrón sostenido de violaciones de derechos humanos, con especial ensañamiento contra mujeres jóvenes, estudiantes y minorías.
Lo llamativo no es solo la magnitud de la represión, sino su escasa resonancia en el espacio público europeo. Mientras otros conflictos generan movilizaciones masivas, consignas repetidas y una intensa cobertura mediática, Irán permanece en los márgenes del debate. No hay marchas multitudinarias, ni campañas persistentes, ni un discurso feminista dominante que incorpore de forma central lo que ocurre en Teherán, Mashhad o Shiraz.
Regresar al inicioUn sistema teocrático y la represión como norma
Irán es una república islámica gobernada por una estructura teocrática en la que el poder religioso prevalece sobre cualquier forma de representación civil. El líder supremo concentra amplias competencias políticas, judiciales y militares, mientras que los mecanismos electorales permanecen bajo un control estricto.
En este marco, la protesta social se interpreta como una amenaza al orden religioso. Las mujeres, situadas en el centro del conflicto, son objeto de una respuesta punitiva especialmente severa, que incluye multas, largas penas de prisión y, en algunos casos, condenas a muerte dictadas bajo cargos como “corrupción en la tierra” o “enemistad contra Dios”.
Regresar al inicioOrigen y evolución de las protestas en Irán
Las protestas en Irán se desencadenan en septiembre de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, una joven detenida por la policía de la moral acusada de incumplir las normas de vestimenta. Su fallecimiento bajo custodia estatal actúa como detonante inmediato de una indignación acumulada durante años.
La reacción inicial, localizada en Teherán y en regiones de mayoría kurda, se extiende rápidamente a otras ciudades y capas sociales. A diferencia de protestas anteriores centradas en demandas económicas o sectoriales, este ciclo incorpora desde el inicio una dimensión política explícita, dirigida contra el aparato de control religioso y la falta de libertades civiles.
La muerte de Amini es la manifestación visible de un sistema de vigilancia y castigo que afecta de forma cotidiana a amplios sectores de la población. Esto explica por qué las protestas no se disuelven tras las primeras semanas, pese a la represión, y entran en una fase prolongada de contestación social.
Regresar al inicioVisibilidad internacional y factores geopolíticos en el caso iraní
Según Naciones Unidas y ONG independientes, las mujeres detenidas sufren un trato especialmente severo: aislamiento, interrogatorios prolongados y violencia física y psicológica. Esta dimensión de género distingue el conflicto iraní de otros episodios recientes de protesta en la región.
Sin embargo, dicha realidad permanece en los márgenes del debate. No hay marchas multitudinarias, ni campañas persistentes, ni un discurso feminista dominante que incorpore de forma central lo que ocurre en Teherán, Mashhad o Shiraz.
La comparación resulta inevitable. Las causas vinculadas a Gaza o al conflicto con Israel activan respuestas inmediatas en amplios sectores del activismo occidental. Irán, en cambio, parece no encajar en esos marcos. No porque la represión sea menor, sino porque incomoda las narrativas simplificadas que dividen el mundo entre opresores evidentes y víctimas funcionales.
El régimen iraní no es un aliado de Occidente, pero tampoco se ajusta con facilidad al esquema de “colonialismo versus resistencia” que domina buena parte del discurso político contemporáneo. Es un poder local, religioso, autoritario y antioccidental que oprime a su propia población. Esa condición lo vuelve difícil de instrumentalizar y, por tanto, prescindible en el debate público.
La geopolítica atraviesa esa omisión. Irán es enemigo declarado de Estados Unidos, y ese antagonismo tiende a desplazar el foco desde los derechos humanos hacia el tablero estratégico.
Pero, si una eventual intervención internacional colocara a Irán en el centro de la agenda global, ¿aparecería entonces la indignación hoy ausente? ¿Se hablaría del derecho internacional, de la soberanía vulnerada, de las víctimas civiles? ¿O seguiría sin mencionarse a quienes llevan años arriesgando la vida por libertades elementales?
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