La inseguridad y la violencia se han convertido en noticias recurrentes en Cuba, fundamentalmente a través de las redes sociales y los medios de prensa independientes. Aunque la propagada oficial se ha dedicado a negar el fenómeno o simplificarlo, se confirma que la situación real con la violencia y la delincuencia en el país es casi 12 veces peor de lo que la ciudadanía y la prensa independiente es capaz de reportar.
La ciudadanía cubana tiene derecho a acceder a información pública generada por el Estado con relación a la evolución de la violencia y la delincuencia de manera que le permitan comprender problemáticas sociales y dimensionar las situaciones de impunidad.
El Estado no solo es el máximo responsable de las funciones de seguridad, enjuiciamiento y prevención del delito sino que tiene la obligación de proveer a la ciudadanía de información pública, veraz y oportuna. Sin información veraz y oportuna, resulta imposible tomar decisiones para nuestra vida diaria o expresarse de forma libre y fundamentada.
Recientemente, con un corto período de consulta, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente ha puesto a consideración popular el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Sin embargo, sabemos que la información seguirá siendo un bien protegido por las organizaciones oficiales. Hasta la fecha son secretas las estadísticas de delincuencia diferenciada por tipos de delitos, los cubanos no conocen cifras de robos, si los delitos sexuales o por violencia de género aumentan o decrecen, ni siquiera qué considera el gobierno información pública y qué no.
La transparencia es un deber de los gobiernos y el acceso a la información pública, veraz y oportuna es un derecho humano. Tenemos derecho a saber.
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