La Policía Nacional de España arrestó este jueves 11 de diciembre de 2025 a los principales directivos de la aerolínea Plus Ultra, que alquila al régimen cubano sus aviones para los viajes oficiales de Miguel Díaz-Canel y su comitiva. La detención de Julio Martínez, dueño de la compañía, y Roberto Roselli, su director ejecutivo, es resultado de una investigación por presunto operaciones de blanqueo de capitales, relacionadas con empresas cercanas al gobierno de Nicolás Maduro.
El Juzgado de Instrucción número 15 ordenó el registro de la sede de la compañía en Madrid a partir de la causa impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y declarada bajo secreto de sumario, que sitúa en el centro de la atención pública a esta aerolínea, que fue rescatada en 2021 por el gobierno español con 53 millones de euros del dinero público. El Ministerio Público sostiene que parte de esos fondos se habría utilizado para devolver préstamos vinculados a una red financiera internacional conectada con negocios de oro y petróleo de Venezuela, con ramificaciones en Francia, Suiza y España.
Plus Ultra, la aerolínea "oficial" de Miguel Díaz-Canel y su comitiva
Desde 2023, Plus Ultra se ha convertido en proveedor habitual del régimen cubano, alquilándole aeronaves a Cubana de Aviación, que carece de flota propia suficiente, cubriendo rutas internacionales y traslados oficiales de la cúpula castrista, incluidos vuelos para misiones gubernamentales y sanitarias.
Entre esos servicios destaca el uso recurrente que el dictador Miguel Díaz-Canel y su comitiva hacen de la aeronave Airbus A330-200 con matrícula EC-KOM y capacidad para casi 300 pasajeros, en sus giras oficiales por países aliados como Catar, Irán, Vietnam o China. El alquiler supera los 10.000 dólares por hora. Plus Ultra también han cubierto los viajes oficiales del régimen a España, Alemania y Nueva York —cuando Díaz-Canel asiste a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Las autoridades cubanas no han explicado de manera transparente cómo se financian esos viajes ni bajo qué condiciones contractuales se conciertan los servicios de Plus Ultra. Tampoco se han publicado datos oficiales sobre el impacto de estos gastos en las cuentas de Cubana de Aviación o en el presupuesto estatal, pese a que la empresa española figura de forma recurrente en las imágenes de las giras del mandatario.
Detención de los máximos responsables de Plus Ultra
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional accedieron en la mañana del jueves 11 de diciembre de 2025 a las oficinas centrales de Plus Ultra en Madrid para practicar un registro y clonar servidores y equipos informáticos, en busca de documentación vinculada a un presunto delito de blanqueo de capitales. Al término de la operación fueron detenidos Martínez y Roselli.
La investigación parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por el posible uso irregular del rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en marzo de 2021 a través del fondo de apoyo a empresas estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Las diligencias actuales reabren un frente que la justicia española había archivado en 2023, cuando se cerró una causa centrada en la legalidad del rescate, a raíz de querellas presentadas por varios partidos de la oposición. Ahora, la nueva línea de investigación se centra en operaciones financieras posteriores a la ayuda estatal y en la posible existencia de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales.
Un rescate millonario y la sombra de Venezuela
El rescate de Plus Ultra fue objeto de polémica desde su anuncio. La compañía, que apenas representaba alrededor del 0,1 % de las conexiones aéreas en España antes de la pandemia, recibió 53 millones de euros con el argumento de ser "estratégica" para la conectividad con Latinoamérica, pese a su tamaño reducido y su elevada dependencia de unos pocos destinos.
Diversas investigaciones periodísticas ya habían señalado que Plus Ultra está controlada por accionistas vinculados a empresarios venezolanos próximos al gobierno de Nicolás Maduro, y que parte de su expansión se apoyó en redes financieras asentadas en Venezuela y en estructuras societarias radicadas en paraísos fiscales.
La causa actual pretende esclarecer si la ayuda pública fue utilizada para canalizar y "blanquear" dinero de origen ilícito, mediante la devolución de préstamos y otros movimientos financieros entre sociedades conectadas con esa presunta trama internacional. La compañía, por su parte, ha asegurado en comunicados oficiales que colabora con las autoridades y que sus operaciones continúan "con normalidad" mientras avanza la investigación judicial.
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