El 23 de marzo de 2023, antes del amanecer, agentes tocaron a la puerta de la activista Aniette González en Camagüey. Llevaban una orden de registro. Dos días antes, ella había publicado en Facebook unas fotografías donde se le ve envuelta en la bandera nacional. Eran imágenes de una campaña de apoyo al Movimiento San Isidro, surgido en 2018 en un barrio marginalizado en La Habana, desde el que un grupo de activistas protestaba contra el decreto gubernamental 349 que penalizó la libertad de la creación artística.
Aniette solo se envolvió en la bandera nacional y publicó las instantáneas. La detuvieron tras pocas horas. Diez meses después, el 29 de enero de 2024, el Tribunal Municipal de Camagüey la condenó a tres años de prisión. Una publicación en redes sociales puede convertirse desde entonces en el punto de partida de un proceso represivo. Lo que comenzó con unas fotografías terminó en una investigación, una detención y una condena.
Después del 11 de julio de 2021 (11J), cuando miles de cubanos salieron a las calles a protestar contra la aguda crisis social y ocurrieron enfrentamientos contra la policía, que luego sobrevinieron en apresamientos, el régimen no solo endureció su aparato represivo en las calles sino que perfeccionó la vigilancia, el control y el castigo en el espacio digital.
El régimen cubano supo que perdió el monopolio de la imagen de lo que ocurría dentro de la isla y descubrió que el enemigo más peligroso cabía en el bolsillo de cualquier ciudadano. Mientras miles de cubanos salieron a las calles en más de cincuenta localidades, otros tantos accedieron a Facebook, encendieron las cámaras de sus teléfonos móviles y transmitieron en vivo lo que durante décadas había sido imposible mostrar.
En cuestión de horas, las imágenes recorrieron el mundo. Antes de que terminara ese domingo, el régimen cortó el acceso a internet, bloqueó plataformas y silenció señales. Lo que vino después fue el inicio de una operación sistemática para nunca volver a perder el control del espacio digital.
Entre 2021 y 2026, Cuba consolidó un modelo donde la tecnología no conecta a los ciudadanos con el mundo, sino que los vigila, los identifica y los castiga. El teléfono había nacido como herramienta de denuncia y el régimen lo convirtió en un instrumento de persecución.
El patrón de la represión digital en Cuba
En su primer informe integral sobre vigilancia digital en Cuba, publicado en enero de 2026, la ONG Prisoners Defenders declara que 9 de cada 10 ciudadanos consultados sufrieron represalias vinculadas a su actividad digital. De 200 personas encuestadas, el 98,5 % dijo haber sufrido represión digital, el 88 % fue interrogado por publicaciones o mensajes, el 46,5 % afirmó que durante esos interrogatorios los agentes citaron conversaciones privadas (intercambiadas en aplicaciones supuestamente cifradas), mientras el 65,5 % fue obligado a desbloquear sus dispositivos.
Otras cifras muestran un 84,5 % con vigilancia física como consecuencia directa de su actividad digital y el 77,5 % reportó cortes selectivos de internet. No apagones generales, sino suspensiones dirigidas.
Los datos no explican por sí solos el mecanismo, pero revelan algo más importante: la repetición. Los mismos métodos aparecen en La Habana, Camagüey, Holguín o en Nuevitas. Cambian los nombres de las víctimas, los oficiales y los pretextos para las citaciones, pero no la lógica: el teléfono deja de ser un instrumento de comunicación para convertirse en un recurso del control político.
Lo más revelador del informe no es una cifra concreta, sino la manera en que todas las cifras encajan. Primero, el régimen monitorea una publicación, después llega la citación, luego el interrogatorio, más tarde el decomiso del dispositivo, la suspensión de la conexión o la apertura de un proceso penal. Cada paso prepara el siguiente.
La organización lo formula sin ambigüedad en su informe: la vigilancia digital en Cuba es columna vertebral del aparato represivo y no una práctica marginal. Los testimonios recopilados por Prisoners Defenders permiten concluir que el régimen ha construido una cadena de respuestas sistemáticas ante la disidencia digital: monitoreo, identificación, interrogatorio, presión, sanción.
La diferencia entre un caso aislado y un patrón es la intención. Un caso aislado puede explicarse por el exceso de un funcionario, por una denuncia puntual. Un patrón exige coordinación entre la Seguridad del Estado que vigila, la Empresa de Telecomunicaciones (ETECSA) que ejecuta los cortes, el sistema judicial que procesa los cargos y los medios oficiales que difunden las autoinculpaciones.
Casi la mitad de los encuestados por Prisoners Defenders afirmó que los agentes conocían el contenido de sus conversaciones privadas, por lo que el informe concluye que no se trata de filtraciones espontáneas, sino de un acceso gubernamental regular a las comunicaciones.
Una nueva ola represiva en Cuba
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte de un cierre total del espacio cívico y un recrudecimiento de la criminalización, persecución y hostigamiento contra líderes sociales, opositores, activistas y periodistas independientes. La Comisión señala que se está condenando a personas por publicar en redes sociales, por compartir información, por un comentario crítico.
El presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, declaró al medio independiente elTOQUE:
"La represión digital es alarmante y va en escalada. En lo que va de 2026, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión [de la CIDH] ha recibido información sobre una nueva ola de represión contra la prensa independiente y la sociedad civil, con procesos penales y condenas basadas principalmente en el presunto delito de 'propaganda contra el orden constitucional', en respuesta a la expresión de opiniones críticas."
Desde 2024, la CIDH ya advertía en su informe anual correspondiente:
"En el 2024, las personas defensoras de derechos humanos en Cuba siguieron realizando sus actividades de defensa y denuncia bajo un ambiente hostil caracterizado por acciones represivas en su contra por parte del Estado y un cierre total del espacio cívico."
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señaló que durante 2024 registró casos de "hostigamientos, ataques e intimidaciones contra periodistas y medios de comunicación", así como procesos de criminalización y exilio de comunicadores independientes. Según el informe:
"De acuerdo con reportes públicos, el gobierno utilizaría estas tácticas para intimidar y restringir el periodismo independiente y crítico en el país."
El panorama desde entonces, advierte el presidente de la CIDH, lejos de mejorar, ha empeorado:
"La evaluación es categórica y la hago en un momento cargado de simbolismo, pues en este 2026 se cumplen cinco años del 11 de julio de 2021. Nada ha cambiado para bien: en Cuba se cometen violaciones masivas, graves y sistemáticas de las libertades fundamentales, con un recrudecimiento de la violencia contra la disidencia."
Las cifras lo confirman. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó casi dos mil acciones represivas solo en el primer semestre de 2026, la mayoría vinculadas a protestas pacíficas por los apagones, la escasez de alimentos y el ejercicio de derechos fundamentales.
El live que costó quince años de prisión
En 2022, los apagones en Cuba llevaban días superando las doce horas, hasta que la noche del 18 de agosto, en la ciudad portuaria de Nuevitas, al norte de Camagüey, la gente comenzó a expresarse en la calle.
Mayelín Rodríguez Prado tenía 21 años y un teléfono en la mano. Encendió la cámara y abrió Facebook para comenzar a transmitir en vivo. Lo que mostró no era un manifiesto político; más bien, era la realidad objetiva: vecinos en la calle, el hartazgo, y agentes del Ministerio del Interior golpeando a dos niñas que protestaban.
Cuatro días después, la policía tocó a su puerta, la detuvo y la mantuvo incomunicada en la sede de la Seguridad del Estado. La obligaron a grabar una autoinculpación que el noticiero estatal emitió en horario estelar de las 8 de la noche, desmintiendo lo que ella misma había transmitido. Mientras la familia esperaba noticias, la dictadura ya había convertido la imagen de Mayelín en propaganda. El teléfono que usó para documentar se convirtió en el primer eslabón del expediente que la hundiría.
Un año y medio después, sin acusación formal y con el caso a punto de prescribir por desorden público, los cargos escalaron a "sedición" y "propaganda enemiga con carácter continuado". En abril de 2024, el Tribunal Provincial de Camagüey la sentenció a 15 años de prisión. Fue la pena más alta entre todos los encausados por las protestas en Pastelillo, barriada de Nuevitas, y la fiscalía desestimó el maltrato físico que sufrió su hija, menor de edad, durante la detención.
Mayelín cumple su condena en un penal conocido como Kilo 5, en las afueras de Camagüey. Según documentó YucaByte, ha intentado quitarse la vida en varias ocasiones durante su encierro. Lleva tatuajes sobre los brazos para cubrir las marcas. Ha estado separada de su hija desde la detención. Su abogado le comunicó que no sabía nada de la apelación, así que continúa privada de libertad.
Los datos recientes muestran el recrudecimiento de la represión digital. Según datos del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), durante junio de 2026 se documentaron 171 violaciones contra la libertad de expresión y de prensa en Cuba, un incremento del 11,8 % respecto al mismo mes del año anterior y del 6,9 % en comparación con mayo de 2026. Del total de agresiones registradas, 146 casos (85,4 %) estuvieron relacionados con la libertad de expresión y 25 casos (14,6 %) con la libertad de prensa.
Las cifras reflejan un aumento sostenido de las acciones represivas contra periodistas, activistas y ciudadanos que ejercen su derecho a expresarse libremente.
Cuando el miedo viaja por la señal
Inalkis Rodríguez Lora es veterinaria. Aprendió periodismo de manera autodidacta, a partir de la redacción de textos sobre el municipio de Najasa, una zona ganadera al sureste de la ciudad de Camagüey, desde la que trabajó para el medio independiente La Hora de Cuba. Relata:
"Siempre, los temas de mis reportajes eran los sucesos en Najasa, que es mi municipio. Amistades y familiares me avisaban que en la Seguridad del Estado, incluso en la fiscalía del municipio, analizaban mis trabajos."
Lo más revelador le ocurrió durante un viaje al exterior:
"Yo había decidido viajar con el teléfono de mi madre y el mío se lo dejé a ella. Paradójicamente, la Seguridad en mi municipio estaba un poco desinformada, decían que cómo era posible que yo estuviera fuera de Cuba si tenían triangulada la señal de mi teléfono y estaba en la finca."
Pero la dimensión más corrosiva de la vigilancia que describe Inalkis no es la triangulación de una señal telefónica. Es algo más difuso: el miedo. Personas que deciden, de forma consciente y repetida, no interactuar en el espacio digital con nada que pueda interpretarse como disidencia. Que se abstienen o desaparecen de redes sociales como estrategia de supervivencia.
No es un fenómeno individual ni provincial. Es una de las consecuencias más extendidas y más difíciles de cuantificar de la vigilancia digital en Cuba. Personas que abandonan grupos de WhatsApp sin explicación. Usuarios que dejan de comentar publicaciones que hace meses habrían respondido. Ciudadanos que no dan "me gusta" a noticias que leen, ni comparten contenidos con los que están de acuerdo. Activistas que reducen su presencia en redes. Periodistas que retrasan o reescriben publicaciones por razones de seguridad.
Ninguno de estos actos deja registro. Ninguno aparece en una estadística. Pero todos forman parte del mismo resultado: un espacio digital donde la mayoría calla antes de que un agente estatal la obligue a hacerlo.
Varios de los testimonios recogidos para este reportaje apuntan en la misma dirección: la represión digital no pretende únicamente castigar a quienes ya hablan; en su lugar, busca que quienes aún no se han expresado decidan que no vale la pena.
No hay hechos aislados
Lo que han vivido Aniette, Mayelín e Inalkis se repite con variaciones mínimas en cada provincia cubana, cada mes, con distintos nombres y pretextos. Desde 2021, YucaByte documenta de manera sistemática las violaciones a los derechos digitales en Cuba a través de su proyecto "Derechos Digitales", una iniciativa que monitorea casos de censura, bloqueos de internet, ataques contra periodistas y activistas, vigilancia digital y restricciones a la libertad de expresión.
Para el monitoreo de la censura en internet, YucaByte trabaja junto al grupo Diktyon, un colectivo de especialistas dedicados a identificar y verificar el bloqueo de sitios web desde Cuba mediante pruebas técnicas. Entre abril y junio de 2024, detectó 65 dominios bloqueados de 240 analizados; entre julio y septiembre, identificó 73 de 279. En su mayoría, corresponden a medios independientes, organizaciones de derechos humanos y plataformas de la sociedad civil.
Las velocidades de conexión —entre 3,0 y 4,0 Mbps en banda móvil— hacen que el acceso a información libre sea técnicamente posible, pero prácticamente inviable para quien no domina los mecanismos de evasión.
Según los informes de YucaByte, la represión digital no distingue entre activistas con trayectoria y ciudadanos comunes. Por ejemplo, Yoandra Mir Cedeño fue detenida el 24 de marzo de 2024 en la ciudad de Holguín por dar "me gusta" y compartir publicaciones de redes sociales que denunciaban la corrupción policial. Los agentes golpearon a su madre, a su hija y a su abuela durante el operativo en el que le decomisaron el teléfono, una laptop y dos cámaras. El cargo: desobediencia y desacato. El teléfono, una vez más, como rehén.
El monitoreo sistemático de YucaByte permite establecer con claridad que los bloqueos, interrupciones de conectividad, citaciones derivadas de publicaciones en redes y las presiones sobre periodistas y usuarios ocurren con relativa independencia de si hay o no una protesta en curso, un aniversario político o una visita diplomática. La represión digital en Cuba no se activa solo en momentos de crisis, sino que opera de forma sostenida, como parte del funcionamiento ordinario del régimen.
El reportero como amenaza
Camila Acosta ha ejercido por años el periodismo dentro de Cuba. Ella sí es graduada universitaria e incluso trabajó en medios oficialistas luego de su egreso de la educación superior. Hoy es periodista de CubaNet y corresponsal en La Habana del medio español ABC y ha publicado el libro Del templo al temple. Silencios y escándalos de la masonería cubana (Editorial Primigenios, Miami, 2022).
Ha aprendido que el acoso tiene varias formas. Las más explícitas son las citaciones, los interrogatorios, el agente apostado en la esquina de su casa, los equipos confiscados y devueltos rotos. Recuerda:
"Me difamaron en las redes sociales. En una ocasión, un supuesto periodista oficialista de la Isla de la Juventud, donde nací, sacó una foto mía con mi pareja y empezó a decir que yo estaba jineteando (prostituyéndome con extranjeros) en La Habana. Esa foto nunca la había publicado y una semana antes la Seguridad me había confiscado un teléfono donde la tenía. Evidentemente la sacaron de ahí y se la dieron al periodista oficialista para desacreditar mi labor."
Otra víctima de la ciberpersecución es Lázaro Yuri Valle Roca, quien en agosto de 2022 fue condenado a tres años de prisión por publicar un video en el que él y otro activista lanzaban octavillas desde el techo de la Asamblea Municipal del Poder Popular de La Habana Vieja. La Seguridad del Estado tenía su teléfono intervenido, conocía sus movimientos y ya lo esperaba.
Hoy, después de haber cumplido su pena, se encuentra exiliado en Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos. Comenta:
"Organicé Delivera, una organización de derechos humanos con un canal del mismo nombre. Allí publiqué dos videos de cuando regamos octavillas. Lo que hicimos me podía costar 30 años de prisión. Gracias a organizaciones de Estados Unidos y a los abogados amigos, tuve más o menos una visión de lo que tenía que decir en el juicio."
Lo que une los casos de Camila y Lázaro Yuri no es únicamente la vigilancia sobre sus teléfonos. Es el rol que desempeñan en un ecosistema donde la información dejó de estar monopolizada. La reducción radical de las barreras de acceso a la información convirtió a periodistas, activistas y ciudadanos comunes en competidores directos del relato oficial.
Durante décadas, el poder observó a los ciudadanos. Hoy sabe que los ciudadanos también pueden observarlo. Y esa posibilidad —la de documentar, grabar y publicar sin pedir permiso— es una de las razones por las que el teléfono móvil se ha convertido en uno de los objetos más disputados de la isla.
Adelth Bonne Gamboa, activista del medio CubaNet a quien intentaron vulnerar sus redes sociales, lo corrobora:
"El régimen tiene más miedo de un ciudadano con un teléfono que de cualquier medio tradicional. Saben que la dictadura está tan frágil que un like puede tumbar el régimen completo."
El mismo objeto que la dictadura cubana usa como instrumento de control es el que los cubanos usan para resistir. Inalkis Rodríguez Lora, mediante su teléfono, hace coberturas en su municipio y continúa en la brega. Camila Acosta lo levanta frente al agente que la vigila y este se aleja. Cuando lo baja, se acerca.
Otros —sin nombre, sin historia pública, sin la protección que da el reconocimiento— suben videos de las largas colas, apagones y protestas, a sabiendas del alto riesgo.
Aniette González, la activista condenada en 2024 por publicar las fotos envuelta en la bandera cubana, salió de prisión con más convicciones que cuando entró:
"Me hizo más fuerte. La condena reafirmó las razones por las que comencé el activismo."
La pantalla puede convertirse en expediente, prueba o celda, pero también en una ventana.
Regresar al inicio