Medios de prensa y organizaciones piden a la comunidad internacional el apoyo a la libertad de expresión en Cuba

Logos de firmantes del comunicado
Logos de firmantes del comunicado
Logos de firmantes del Comunicado.

Instancias de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la OEA, están entre los destinatarios del mensaje.

Medios de comunicación y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, que abogan por la libertad de expresión y de conciencia en Cuba, han emitido el siguiente comunicado como producto del consenso, después de analizar el preocupante patrón de acoso que se está generalizando en Cuba a partir de la aplicación abusiva del Decreto-Ley 370, lo que provoca el aumento de la represión, la limitación de expresión contra los medios digitales y la ciudadanía en general.

 

COMUNICADO

Las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación y repudio respecto a la persecución en contra de periodistas y actores de la sociedad civil independiente en Cuba, la cual se ha visto agravada desde principios de este año y particularmente a partir de la crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus.

Si bien la situación de represión de la libertad de expresión y prensa es histórica y sistemática, la escalada represiva actual se recrudece en el marco de la aplicación del Decreto Ley 370 “SOBRE LA INFORMATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD EN CUBA”, en vigor desde el 4 de julio de 2019. Al menos 30 personas han sido sometidas a interrogatorios, amenazas, y decomiso de medios de trabajo especialmente de las y los periodistas, por difundir sus opiniones en redes sociales y  20 han sido víctimas de la imposición de multas de 3000 pesos (120 dólares), cuantía que triplica el salario medio mensual vigente. El impago de multas constituye un delito que prevé sanción de seis meses de cárcel, proceder sistemático por el que Cuba condenó a siete actores de la sociedad civil, actualmente en prisión. Particular preocupación nos causan las citaciones y detenciones arbitrarias en este momento de pandemia, lo cual además contradice las propias recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud toda vez que se indica promover al máximo el distanciamiento social.

Estos hechos demuestran que los derechos enunciados en la actual Constitución cubana, pero no ratificados con legislación complementaria, son una mera y vacía declaración. En cuanto a libertad de expresión el artículo 54 de la norma constitucional sostiene: “El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas, la libertad de pensamiento, conciencia y expresión.”, y en el 55, “la libertad de prensa”, derecho que asegura “se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad. Adicionalmente este artículo establece que “Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social.”

Entendemos que estas prescripciones constitucionales son altamente contradictorias.  Inicialmente declaman el reconocimiento a las libertades de expresión y prensa y, acto seguido, limitan su ejercicio. En consonancia con la norma constitucional, el Decreto Ley 370, y en particular su artículo 68 inciso i), establece, de una forma vaga e imprecisa, como contravención la acción de “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Esta cláusula contraviene los estándares en materia de libertad de expresión y restringe este derecho en base a objetivos que no son legítimos según lo previsto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La nueva Constitución cubana, el Decreto ley 370, y el accionar del Estado cubano, contravienen plenamente el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), firmado por Cuba el 28 de febrero de 2008; pero que lleva largos años sin ratificar. Este marco, bajo el cual el Estado cubano puede sancionar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), genera un efecto inhibitorio de la libertad de expresión ejercida a través de estas herramientas y plataformas, en tanto pesa una amenaza real y permanente de sanción para las personas, prácticamente para cualquier discurso que emitan y que discrecionalmente los órganos del Estado pueden calificar como una contravención legal, y posteriormente conducir a la privación de libertad. Asimismo, esta falta de previsibilidad tiene un efecto inhibitorio o amedrentador en la dimensión colectiva de la libertad de expresión y de reunión.

Queremos subrayar que Reporteros Sin Fronteras ha señalado a Cuba como el país con menos libertad de prensa de América, ubicándolo en el número 171, entre los diez peores del ranking a nivel mundial en su último informe anual. Según Freedom House, es el país con menor libertad en la red de las Américas y el cuatro peor a nivel mundial, entre los 65 monitorizados[1]. Conforme el Índice CIVICUS Monitor indicativo de la vigencia de las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica, su espacio cívico es calificado como "cerrado".

El Relator Especial sobre la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas en 2019 mostró su preocupación por los diversos  mecanismos de represión en Cuba.[2] La Relatoría de Libertad de Expresión (RELE) del sistema interamericano en su informe de 2019 reseñó la persecución sistemática a periodistas independientes que difunden información y opiniones sobre temas de interés público y en su comunicado del 18 de abril de 2020, expresó su preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y el acceso a la información en la respuesta del Estado al COVID 19, resaltando los casos de periodistas multados en virtud del Decreto-Ley 370.

Rogamos a la comunidad internacional, gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales de protección de derechos humanos que exijan al Gobierno cubano que finalice de inmediato dicha persecución y acoso a ellas y ellos, y a sus familias, y se les devuelvan los bienes decomisados permitiéndoles el pleno y libre ejercicio de sus libertades, y permita a la ciudadanía cubana el libre acceso a la información.

Al Servicio de Acción Exterior (SEAE) de la Unión Europea, recomendamos siga las posiciones y mandato explícito[3] de su Parlamento sobre el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba en las que solicita aplique reformas jurídicas para garantizar las libertades de prensa, asociación y manifestación; y apoyen activamente a los grupos de la sociedad civil y a las personas defensoras de derechos humanos en Cuba.  

Al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Oficina del Alto Comisionado, solicitamos se manifiesten públicamente y recomienden al Estado cubano revisar su legislación y derogar las normas que restringen la libertad de opinión y expresión.

A la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que, en base a los informes de la CIDH sobre la situación de derechos humanos en Cuba, se pronuncie sobre la aplicación de los estándares que exige a todos los países de la región. Cuba es un estado miembro y no ha denunciado la Carta constitutiva. Asumió la obligación cuando suscribió instrumentos del sistema en materia de derechos humanos, que la suspensión actual no le exime de cumplir.

 

[1] Informe Freedom on the Net 2019, Freedom House.

[2] Comunicaciones AL CUB 1/2019, OL CUB 2/2019, AL CUB 5/2019, AL CUB 7/2019

[3] Resolución “Cuba, en particular el caso de José Daniel Ferrer” P9_TA(2019)0073 del 28 de Noviembre del 2019

 

FIRMANTES:

MEDIOS DE PRENSA: ADNCuba, Árbol Invertido, Alas Tensas, 14yMedio, CiberCuba, Cubanet, Diario de Cuba, El Estornudo, Havana Time, Hora de Cuba, Hypermedia, Inventario, Puente a la Vista, Rialta, Tremenda Nota, YucaByte.

ORGANIZACIONES: Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Asociación Pro-Libertad de Prensa, Centro Para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, Civil Rights Defenders, CIVICUS, Corriente Martiana, Cubalex, Cultura Democrática, Demo Amlat, Freedom House, Fundación Ciudadania y Desarrollo, Grupo Demóngeles, Human Rights Foundation, IFEX-ALC Alianza de América Latina y el Caribe, Instituto Cubano para la libertad de Expresión y Prensa, International Institute on Race, Equality and Human Rights, International Society Foy Human Rights, Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Movimiento San Isidro, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, PEN America, People In Need, Prisoners Defenders International Network, Programa Cuba de la Universdad Sergio Arboleda, Programa Venezolano  de Educación - Acción en Derechos Humanos, Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, Reporteros Sin Fronteras, Robert F. Kennedy Human Rights, Transparencia Electoral, Voces del Sur.

 

 

STATEMENT

The undersigned civil society organizations express our profound concern and condemnation of the persecution against independent journalists and civil society actors in Cuba. This persecution has increased since the beginning of the year, particularly during the health crisis resulting from the coronavirus pandemic.

Although repression of freedom of expression and freedom of press has been long-standing and systematic, the current wave of repression has been intensified by the application of Legal Decree 370 “ON THE COMPUTERIZATION OF CUBAN SOCIETY,” in force since July 4, 2019. At least 30 people have been subjected to interrogation, threats, and seizure of work equipment (especially that of journalists) for broadcasting their opinions on social media, 20 have been victims of 3,000-peso fines (120 US dollars), an amount triple the average monthly salary. Failure to pay these fines constitutes a crime punishable by six months in prison, a systematic approach that has enabled the Cuban State to sentence 7 civil society actors who are currently in prison.

We are particularly troubled by the arbitrary citations and detentions occurring during this pandemic, as they also contradict the recommendations of the World Health Organization to promote social distancing.

These facts demonstrate that the rights enshrined in the Cuban Constitution, but which have not been ratified with supplementary legislation, are merely empty words. Regarding freedom of expression, Article 54 of the Constitution states: “The State recognizes, upholds, and guarantees individuals’ freedom of thought, belief and expression,” and Article 55 asserts that “freedom of press” is a right that “is exercised in accordance with the law and to the good of society.” Additionally, this article establishes that “The principal means of social communication, in any of its forms and on any of its mediums, are the socialist property of the people or the political, social and grassroots organizations; and they are not subject to any other type of ownership. The State establishes the principles of organization and operation for all social media.”

We understand that these constitutional principles are highly contradictory. Initially, they recognize the freedoms of expression and press, and immediately thereafter, they restrict their exercise. In accordance with the Constitution, Legal Decree 370, specifically Article 68, Subsection i), vaguely establishes as a violation the act of “spreading information contrary to the common good, morals, decency, and integrity through public data transmission networks.” This clause contravenes the standards of freedom of expression and restricts this right based on objectives that are illegitimate according to the International Declaration of Human Rights.

The new Cuban Constitution, Legal Decree 370, and the actions of the Cuban State deeply contradict Article 19 of the International Declaration of Human Rights and Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), signed by Cuba on February 28, 2008 but not since ratified. This framework, under which the Cuban State can sanction the use of information and communication technologies, inhibits the exercise of freedom of expression using such tools and platforms. Furthermore, it represents a real and ongoing threat of punishment for practically any opinion expressed that could be classified, at the State’s discretion, as a legal violation and lead to imprisonment. Additionally, this lack of predictability has a prohibitive and intimidating effect on the collective dimension of freedom of expression and assembly.

We want to emphasize that Reporters Without Borders has listed Cuba as the country with the least press freedom in the Americas, placing it in 171st place and among the bottom ten in the global ranking in its last annual report. According to Freedom House, Cuba is the country with the least freedom on the net in the Americas and the fourth worst in the world, among the 65 countries monitored.[1] According to the CIVICUS Monitor, which tracks the freedoms of association, expression and peaceful assembly, its civic space is rated as "closed".

In 2019, the UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression expressed his concern about the diverse mechanisms of repression in Cuba.[2] In his 2019 report, the Inter-American Rapporteur for Freedom of Expression outlined the systematic persecution of independent journalists who publish information and opinions on topics of public interest and in his statement on April 18, 2020, he expressed his concern with restrictions on freedom of expression and access to information in the State’s response to COVID-19, highlighting the cases of journalists fined under Legal Decree 370.

We call on the international community, governments, civil society and international human rights organizations to press the Cuban government to cease this persecution and harassment of independent Cuban journalists and their families immediately, to return their confiscated belongings, and to allow them the full and free exercise of their freedoms, thereby granting the Cuban citizenry free access to information.

To the European External Action Service (EEAS), we urge you to follow the stances and explicit mandate[3] of your Parliament regarding the Agreement of Political Dialogue and Cooperation with Cuba, requesting that legal reforms be made to guarantee the freedoms of press, association and demonstration. We also incite you to actively support the civil society groups and individuals defending human rights in Cuba.

To the United Nations Human Rights Council and the Office of the High Commissioner, we petition you to make a public declaration recommending that the Cuban State revise its legislation and abolish any norms that restrict freedom of opinion and expression.

We appeal to the General Assembly of the Organization of American States (OAS), to take a stand and apply the same standards as required for all of the countries in the region, based on the reports of the IACHR on the human rights situation in Cuba. Cuba is a member state of the OAS and has not denounced the Charter. It assumed an obligation when it signed the Inter-American system’s instruments on human rights, and its current suspension does not release it from complying this obligation.

We reiterate our full solidarity with the independent journalists and civil society actors persecuted for exercising their freedom of expression.

 

[1] Freedom on the Net, 2019, Freedom House.

[2] Comunicaciones AL CUB 1/2019, OL CUB 2/2019, AL CUB 5/2019, AL CUB 7/2019

[3] Resolución “Cuba, en particular el caso de José Daniel FerrerP9_TA(2019)0073 del 28 de Noviembre del 2019

 

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El medio digital Árbol Invertido es un espacio para el ejercicio pleno de la libertad de expresión, con temas interrelacionados a partir de un lugar en el mundo llamado Cuba, los diferentes modos de hacer y entender la Cultura, y los Derechos Humanos.

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