En Ciego de Ávila una persona fue condenada a 20 años de prisión por cultivar marihuana y otra a tres años por no denunciar el hecho a las autoridades. La sentencia fue dictada en un juicio oral y público con carácter “ejemplarizante”, según reportó el diario oficialista Granma. Ambos condenados también fueron privados de sus derechos públicos y de la posibilidad de salir del país.
Al juicio fue llevado un grupo de estudiantes, como parte de una estrategia de “prevención” que, en la práctica, busca exponer a menores a escenificaciones judiciales como mecanismo de escarmiento y control.
El caso se enmarca en una nueva ofensiva del régimen para retomar el control ante el creciente consumo de drogas, especialmente entre jóvenes. En los últimos años se ha reportado una expansión del uso de sustancias como el llamado “químico”, una droga sintética de alto poder adictivo.
Las autoridades insisten en mantener una política de “tolerancia cero” frente a las drogas, apelando a su impacto negativo en la salud y la moral. Pero la realidad en las calles cubanas ha cambiado drásticamente: se ha vuelto común ver, incluso a plena luz del día, a personas bajo los efectos de estupefacientes. En lugar de políticas sanitarias o preventivas, la respuesta oficial sigue centrada en castigos severos, en un país donde el acceso a programas de atención y rehabilitación por consumo de drogas es prácticamente inexistente.