Roberto Veiga, abogado y activista, explica la propuesta de la Concertación Democrática Cubana (DFrente) para instaurar una nueva ley electoral en Cuba. Este proyecto busca garantizar la nominación libre y la competencia política como condiciones indispensables para devolver la soberanía al pueblo cubano. Con un horizonte de aplicación para las elecciones de 2027-2028, la propuesta requiere un respaldo masivo, tanto dentro de la isla como en la diáspora cubana.
¿Qué propone la nueva ley electoral en Cuba?
La propuesta se basa en un documento elaborado por Cuba Próxima, una plataforma de la sociedad civil, que busca crear un marco legal más inclusivo y participativo en el proceso electoral cubano. Algunos de los elementos clave de esta propuesta son:
- Creación de un Consejo Nacional Electoral (CNE): Este órgano sería responsable de organizar las elecciones, gestionar el censo electoral, garantizar el derecho al voto, fiscalizar el financiamiento de campañas y asegurar la transparencia de los procesos. Se prevé además la participación de observadores internacionales para asegurar la imparcialidad de los comicios.
- Nominación de candidatos sin intervención estatal: Una de las reformas más radicales sería permitir la auto-nominación ciudadana para cargos de elección. Así, los candidatos no dependerían de comisiones estatales de nominación, sino que podrían ser propuestos por ciudadanos que cumplieran con ciertos requisitos establecidos por la ley.
- Elecciones libres y competitivas: Los procesos electorales serían abiertos, con posibilidad de que existan múltiples opciones para los votantes, y los resultados reflejarían una verdadera competencia política. La propuesta incluye una sistemática de elecciones directas, secretas y periódicas para cargos a nivel municipal, provincial y nacional.
- Inclusión de la diáspora cubana: Por primera vez, se permitiría a los cubanos residentes en el extranjero participar en los procesos electorales, mediante la creación de distritos electorales que representen a la comunidad cubana fuera de la isla.
- Sistema de voto más inclusivo: La propuesta sugiere un sistema de voto que permita a los electores elegir entre varias opciones, garantizando que el ganador obtenga una mayoría absoluta, incluso en contextos de fragmentación de la oferta política.
Contexto histórico: ¿por qué ahora?
La necesidad de una reforma electoral en Cuba no es un concepto reciente. Desde la década de 1990, se han presentado propuestas como el Proyecto Varela, que ya abogaban por la instauración de una democracia plena con elecciones libres y la participación ciudadana en la selección de autoridades. Sin embargo, este tipo de iniciativas han sido sistemáticamente ignoradas y desactivadas por el régimen cubano.
La Constitución cubana de 2019 y la ley electoral vigente siguen consagrando un sistema de partido único, donde el Partido Comunista mantiene el control absoluto sobre las instituciones. La propuesta de DFrente surge como un intento por parte de la sociedad civil de recuperar un espacio democrático y de dotar a Cuba de una infraestructura electoral que permita la competencia política real, la libertad de expresión y el pluralismo.
Dudas, obstáculos y riesgos
Aunque la propuesta de DFrente se presenta con un alto nivel de detalle y estructura, su implementación se enfrenta a diversos obstáculos y riesgos significativos. Uno de los mayores desafíos radica en que sería necesario modificar aspectos fundamentales de la Constitución vigente, especialmente aquellos que consagran la hegemonía del Partido Comunista como único actor político del país.
Este tipo de reforma, aunque crucial para abrir paso a un sistema electoral libre, requeriría una voluntad política que en la actualidad parece difícil de conseguir, dado el control absoluto del régimen sobre las estructuras del poder.
Por otro lado, el contexto actual en Cuba es profundamente desfavorable para el impulso de reformas democráticas sustantivas. El país carece de instituciones democráticas sólidas, y el ejercicio de la política está restringido a un sistema de partido único que impide la libre competencia. Además, la sociedad civil cubana ha sido sistemáticamente desarticulada a lo largo de los años, lo que dificulta la organización y movilización de sectores que abogan por un cambio.
Otro riesgo importante es que las autoridades del régimen puedan interpretar esta propuesta como una amenaza directa a su poder, lo que podría generar una reacción hostil. El gobierno cubano tiene un historial de deslegitimar y reprimir iniciativas similares, como ocurrió en el pasado con el Proyecto Varela, liderado por el opositor cubano Oswaldo Payá. Esta tendencia podría llevar a que la propuesta sea ignorada o incluso criminalizada, impidiendo su desarrollo y aplicación efectiva.
Finalmente, existe el peligro de que esta iniciativa se quede en una propuesta meramente formal, sin efectos reales en la estructura del poder. Los regímenes autoritarios a menudo implementan reformas superficiales que dan la apariencia de un cambio, pero que en realidad mantienen intacto el control centralizado. La falta de mecanismos de supervisión internacional y de un respaldo ciudadano masivo podría llevar a que esta nueva ley electoral quede atrapada en un ciclo de reformas simbólicas, sin lograr un cambio profundo en el sistema político cubano.
¿Qué implica para Cuba y su sociedad?
Si se aprobara, la nueva ley electoral podría abrir las puertas a una participación política real, al pluralismo, a la representación genuina de diversas voces sociales y políticas —incluyendo la diáspora cubana— y a la posibilidad de una transición democrática. Para generaciones completas de cubanos, sería una oportunidad histórica de recuperar la facultad de decidir colectivamente sobre su destino.
Además, la iniciativa tiene un valor simbólico fuerte: representa la resistencia de la sociedad civil, el deseo persistente de democracia, libertad y soberanía colectiva. Para el exilio, puede ser una forma concreta de volver a tener voz efectiva en los asuntos de la patria.
Pero este camino exige riesgos, compromiso, organización, solidaridad y mucha presión —tanto dentro como fuera de la isla— para superar la apatía, el miedo, el exilio, la represión y la dispersión.
La propuesta de una nueva ley electoral en Cuba, explicada por Roberto Veiga, ofrece una vía hacia un sistema electoral más justo y competitivo, en el que se garantice la participación libre y plural de los ciudadanos. Aunque enfrenta serios desafíos, como la necesidad de modificar la Constitución y la falta de instituciones democráticas sólidas, esta iniciativa refleja el anhelo de un cambio real en el país.
La viabilidad de la propuesta depende de la capacidad de la sociedad civil cubana, tanto dentro como fuera de la isla, para organizarse y presionar por una reforma profunda, así como del respaldo internacional. Si bien los obstáculos son considerables, la propuesta representa un paso significativo hacia la reivindicación de los derechos políticos y la soberanía del pueblo cubano.
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