Laura María Gil González, hija del exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, rompió su silencio en redes sociales para exigir para su padre un proceso judicial transparente, televisado y abierto a medios nacionales e internacionales. La joven cuestionó las acusaciones de espionaje y advirtió que Gil "no reconocerá bajo ninguna circunstancia un delito que no se le pruebe debidamente".
Gil González se sumó a lo que describió como una "solicitud popular" de realizar un juicio a puertas abiertas, donde pueda participar todo el que desee, y que sea transmitido en vivo por la televisión cubana y Cubavisión Internacional, con la participación de medios de prensa oficiales y no oficiales, así como cadenas televisivas extranjeras. La joven aseguró que su padre también está exigiendo esto, no desde hoy sino desde el primer día.
Una declaración inédita que desafía al régimen
"¿Qué medidas propuso al país por orden expresa de otro Estado, qué pruebas tienen, cuál era su seudónimo?", preguntó la joven directamente a las autoridades cubanas, y consideró que estos detalles importantes no fueron abarcados en la nota de la Fiscalía y que el pueblo cubano merece saberlos. Además, estimó que los gobiernos para los cuales supuestamente trabajaba su padre deberían pronunciarse oficialmente.
La Fiscalía General de la República de Cuba anunció el pasado 31 de octubre la imputación formal contra Alejandro Miguel Gil Fernández por una extensa lista de delitos graves que incluyen espionaje, malversación, lavado de activos, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, cohecho, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos en custodia oficial. La nota oficial, sin embargo, no ofreció detalles sobre las pruebas ni sobre los otros implicados en la causa, dejando múltiples interrogantes sin respuesta tras más de veinte meses de silencio desde la destitución del exfuncionario en febrero de 2024.
Tras conocerse los cargos, Laura María Gil González publicó un extenso mensaje en Facebook donde invocó los artículos 54 y 48 de la Constitución de la República, que reconocen los derechos a la libertad de expresión y a la defensa de la imagen y el honor. La joven explicó que su silencio previo se debió al deseo de su familia de "proteger la imagen del país" y evitar conflictos populares o internacionales, pero señaló con ironía que el Gobierno ha puesto en práctica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunque "quedaron pequeños detalles sueltos que han fomentado la especulación popular".
El comunicado se produjo en medio de la crítica situación que vive el oriente del país tras el paso del huracán Melissa, que tocó tierra como categoría 3 en Santiago de Cuba el 29 de octubre, dejando más de 240 comunidades aisladas donde viven unas 140.000 personas, y a casi 3,5 millones de cubanos sin electricidad.
Esta petición resulta inédita en el contexto cubano reciente, donde los procesos judiciales de alto perfil raramente se realizan con transparencia pública. La solicitud cobra mayor relevancia dado que Alejandro Gil Fernández fue una de las figuras más visibles del gobierno de Miguel Díaz-Canel y el responsable directo de la impopular Tarea Ordenamiento, la reforma monetaria implementada en 2021 que pretendía unificar las dos monedas en circulación pero que generó una espiral inflacionaria y empeoró la crisis económica de la isla.
Advertencia contra represalias y defensa de la presunción de inocencia
Laura María Gil González advirtió que cualquier represalia contra ella o su familia por sus declaraciones sería "ilegal y violatoria de los derechos humanos" a la libertad de expresión y autodefensa. Subrayó que su pronunciamiento no incita a la violencia, no revela secretos de Estado ni menosprecia instituciones como el Ministerio del Interior (MININT), la Contraloría, la Fiscalía o la Presidencia.
En el cierre de su declaración, ratificó como testigo fiel del proceso que Alejandro Gil se mantiene firme en su defensa y no reconocerá bajo ninguna circunstancia ningún delito que se le imputa y que no le sea debidamente verificado. Gil González expresó su confianza en que el pueblo cubano será partícipe del juicio, que el alegato de defensa de su padre será correctamente comunicado y que la verdad triunfará.
Un caso sin precedentes en la Cuba reciente
Alejandro Gil Fernández, nacido en La Habana en 1964, es ingeniero en explotación del transporte y doctor en ciencias. Uno de sus tutores de doctorado fue el propio Miguel Díaz-Canel. Ocupó el cargo de ministro de Economía y Planificación desde julio de 2018 y fue designado viceprimer ministro en diciembre de 2019, desempeñando ambos cargos simultáneamente hasta su destitución. Durante su gestión, promovió reformas estructurales como la mencionada Tarea Ordenamiento, que tuvo efectos adversos como un aumento descontrolado de la inflación y pérdida del poder adquisitivo de la población.
Su destitución fue anunciada el 28 de febrero de 2024, y un mes después Díaz-Canel confirmó que enfrentaba graves imputaciones que lo llevaron a renunciar a su condición de miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y como diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Desde entonces, Gil ha permanecido en prisión provisional mientras las autoridades completaban la investigación.
El caso de Alejandro Gil constituye un precedente dentro de la administración cubana, no solo por la gravedad de los cargos sino por el rango del acusado, quien hasta hace poco formaba parte del círculo íntimo del presidente cubano. Es considerado el funcionario de más alto rango procesado por delitos de corrupción en Cuba en las últimas décadas.
Reacciones y contexto político
El dramaturgo y activista cubano Yunior García Aguilera comentó en su perfil de Facebook que el mensaje de la hija de Gil "ha puesto nervioso a más de uno". García analizó el lenguaje utilizado por la joven, su ironía medida y la manera de hablar que solo se puede aprender viviendo bajo una dictadura, calificando el texto como un ejemplo de discurso autocensurado que dice lo suficiente para el censor, mientras simultáneamente transmite un mensaje que el pueblo entendió claramente.
La Fiscalía no ha precisado la fecha del juicio, pero aseguró que el proceso continuará bajo supervisión judicial y se desarrollará conforme a la legislación vigente con pleno respeto a los derechos del acusado. Analistas señalan que el caso podría tener repercusiones políticas profundas dentro del aparato gubernamental cubano debido a la cercanía que Gil mantenía con la cúpula del poder.
La imputación ocurre en un momento crítico para Cuba, marcado por una profunda crisis económica, la escasez de divisas, el aumento del déficit fiscal, la caída de la producción nacional y los recientes daños causados por el huracán Melissa en las provincias orientales. El régimen ha presentado el caso como parte de una campaña de tolerancia cero contra la corrupción, aunque sectores dentro y fuera de la isla reclaman garantías del debido proceso y el respeto a la presunción de inocencia, principios frecuentemente cuestionados en el sistema judicial cubano.
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