Violencia de género | Al menos 300 feminicidios en Cuba confirmados desde 2019

Los feminicidios en Cuba llegan a 300 casos verificados entre 2019 y el 1 de octubre de 2025, según los registros independientes del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y del Observatorio de Feminicidios de Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC). 

Cada uno de estos casos ha sido verificado con evidencias, testimonios o registros judiciales, lo que convierte esta cifra en una memoria indeleble de la violencia de género en la isla. La importancia de este conteo radica en que el Estado cubano no publica datos oficiales detallados sobre feminicidios. La ausencia de estadísticas transparentes obliga a la sociedad civil a mantener un registro propio para dar visibilidad a un problema estructural.

Limitaciones del registro y el vacío de información oficial

La cifra de 300 feminicidios en Cuba corresponde a los casos documentados por los observatorios independientes, pero no permite conocer el total real de muertes por violencia de género en la isla.

Varias causas explican esta brecha informativa. Primero, las instituciones estatales —policía, tribunales, sistema de salud— no hacen públicos datos desagregados ni actualizados sobre muertes violentas de mujeres con enfoque de género. En consecuencia, activistas y periodistas no pueden contrastar o validar casos desde fuentes oficiales. Segundo, muchos homicidios de mujeres pueden quedar “bajo la etiqueta” de homicidio genérico, sin que se investigue si fueron feminicidio. Tercero, el control de prensa, la censura o la imposibilidad de acceder a documentos judiciales o policiales hacen que algunas muertes no trasciendan al ámbito público.

Ese déficit informativo no es solo estadístico: es político y simbólico. Cuando el Estado no registra ni reconoce esas muertes como parte de un fenómeno de violencia de género, imposibilita que se diseñen políticas específicas, rutas de protección o sistemas de reparación. 

Cómo surgieron los registros independientes

El registro sistemático de feminicidios en Cuba apenas arrancó en 2019, cuando grupos feministas e independientes percibieron que no existía un conteo fiable. Alas Tensas, a través de OGAT, y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) asumieron la tarea de rastrear cada caso con rigor metodológico: verificar nombres, fechas, el vínculo con el agresor, las circunstancias y las fuentes.

Cada expediente lleva documentos de prensa local, testimonios de familias o vecinas/os, confirmaciones judiciales cuando están disponibles y alertas públicas de organizaciones sociales. En su página, YSTCC ofrece el listado de feminicidios confirmados, clasificados por años. 

Este trabajo se vuelve doblemente esencial en un contexto donde la estadística estatal no se articula con los esfuerzos ciudadanos. Gracias a estas iniciativas, muchas víctimas que habrían quedado en el olvido adquieren identidad, contexto y memoria social.

La evolución de los feminicidios en Cuba (2019–2025)

Desde que Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba iniciaron sus registros en 2019, el número de feminicidios confirmados ha mostrado un patrón de crecimiento sostenido, con picos que alertan sobre el agravamiento de la violencia de género en la isla.

En 2019, primer año del conteo, los observatorios lograron confirmar poco más de una decena de casos. La cifra, aún limitada, reflejaba tanto la dificultad de acceder a información como la novedad del ejercicio de registro independiente. Era, sobre todo, un punto de partida.

Durante 2020 y 2021, el número de feminicidios confirmados rondó la treintena cada año. El dato puede parecer bajo si se compara con otros países de la región, pero el comportamiento era constante y preocupante: cada mes, al menos dos mujeres eran asesinadas por razones de género. Esos registros sirvieron para fortalecer el método de verificación y poner en la agenda pública un fenómeno que hasta entonces había permanecido invisible.

El panorama de 2022 mostró un comportamiento similar, con unas tres decenas de casos documentados. Sin embargo, el análisis de los observatorios mostraba un patrón claro: la mayoría de las muertes correspondían a feminicidios íntimos, es decir, cometidos por la pareja o expareja. Esto reforzaba una conclusión inquietante: el hogar era uno de los lugares más inseguros para las mujeres cubanas.

El verdadero punto de inflexión llegó en 2023. Los observatorios registraron cerca de 90 feminicidios, casi el triple de lo verificado en años previos. Este salto no puede explicarse solo como un aumento de casos, sino también como un mayor acceso a información, una red más amplia de verificación y una mayor visibilidad social del problema. La presión de colectivos feministas, el auge de las redes sociales como canal de denuncia y la atención internacional sobre Cuba hicieron que más crímenes salieran a la luz.

En 2024, el registro descendió a 56 feminicidios confirmados. Aunque la cifra fue menor que la del año anterior, seguía siendo casi el doble de lo documentado en los primeros años del conteo. Para los observatorios, esto mostraba que el fenómeno no había disminuido, sino que se mantenía en niveles alarmantes. Además, se produjeron varias alertas de feminicidios en zonas rurales, lo que mostró que el fenómeno no se limitaba a las grandes ciudades, sino que afectaba también a comunidades rurales en toda la isla.

En lo que va de 2025, se han verificado 32 casos. A ese ritmo, el año podía cerrar con cifras similares a las de 2024. Más allá del número exacto, los observatorios insisten en que cada caso documentado confirma la persistencia estructural de la violencia de género y el fracaso de las autoridades en diseñar mecanismos efectivos de prevención.

Tipos de feminicidios en Cuba y lo que revelan

Para comprender la heterogeneidad de los feminicidios, los observatorios aplican categorías claras:

• Feminicidio íntimo: cuando el agresor es la pareja o expareja de la víctima. Este es el patrón más documentado en Cuba y muestra cómo la violencia se arraiga en relaciones de control y dominación dentro del ámbito privado.
• Feminicidio vicario: cuando los hijos o hijas son asesinados para castigar o dañar psicológicamente a la madre. Estos casos, aunque menos frecuentes, revelan la crueldad extrema a la que puede llegar la violencia machista.
• Feminicidio social: cuando una mujer es asesinada en espacios públicos o privados por razones vinculadas a su condición de mujer, sin que exista relación sentimental con el agresor. Este tipo visibiliza que la violencia feminicida trasciende el hogar y puede estar ligada a contextos de discriminación o misoginia social.

Estas categorías permiten observar que la violencia feminicida no responde a un único escenario. Mientras los casos íntimos demuestran que muchas mujeres son asesinadas dentro de relaciones de confianza y convivencia, los casos vicarios y sociales recuerdan que el problema no se limita a lo doméstico: también se expresa en agresiones a la maternidad o en crímenes de odio en la esfera pública.

El feminicidio en Cuba y su ausencia en el Código Penal

Uno de los vacíos más significativos en la legislación cubana es que el feminicidio no está tipificado como delito específico. Ni el antiguo Código Penal de 1987 (Ley 62) ni el nuevo Código Penal aprobado en 2022 (Ley 151) incluyen esta figura jurídica.

En la práctica, esto significa que cuando una mujer es asesinada en un contexto de violencia machista, el crimen se procesa como homicidio. El nuevo Código prevé sanciones más severas si se demuestra que el hecho ocurrió por motivos de género, pero no reconoce el feminicidio como categoría diferenciada, lo que impide registrarlo y abordarlo con políticas específicas.

A modo de contraste, en varios países latinoamericanos el feminicidio sí se define legalmente, con agravantes específicas (por ejemplo México, Argentina, varios estados de Brasil). Esa definición facilita estadísticas más precisas, protocolos jurídicos especializados y políticas de prevención diseñadas específicamente para ese tipo de violencia.

El Estado cubano tiene un Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAMujeres), aprobado en 2021, que contiene objetivos relativos a fortalecer mecanismos legales y el marco normativo para enfrentar la desigualdad y la violencia de género. Pero esa agenda no ha logrado hasta ahora incorporar la tipificación del feminicidio como delito autónomo ni garantizar que los protocolos lleguen a todos los municipios.

En ese marco, la reivindicación de las organizaciones independientes se dirige precisamente a la reforma del marco legal para dotar de personalidad jurídica propia al feminicidio, como paso esencial hacia una justicia con perspectiva de género.

Políticas contra los feminicidios en Cuba: refugios y prevención pendientes

El otro gran déficit es el de las políticas de protección y prevención. En Cuba no existen refugios estatales consolidados para mujeres en situación de riesgo elevado por violencia de género. Las escasas redes que operan, cuando lo hacen, dependen de organizaciones sociales, iniciativas independientes o apoyo internacional mínimo.

Tampoco hay protocolos estandarizados divulgados para que la policía, los centros de salud, los juzgados o los servicios sociales actúen con enfoque de género frente a denuncias de riesgo. En muchos casos no se investiga con perspectiva de género, no se monitorean órdenes de alejamiento ni se realiza seguimiento sistemático.

 Las campañas en medios, escuelas o espacios comunitarios tampoco son constantes ni alcanzan visibilidad a nivel nacional. La estrategia del Estado (a través del PAMujeres) incluye acciones para enfrentar y atender la violencia de género, pero su implementación, financiamiento y cobertura geográfica siguen siendo opacos o insuficientes.

En ausencia de mecanismos estatales robustos, las organizaciones feministas reclaman con urgencia:

• La creación de refugios regionales y recursos de emergencia para mujeres y niñas
• La capacitación obligatoria del personal policial, sanitario y judicial en género
• Protocolos públicos y estandarizados de actuación ante alertas de riesgo
• Programas educativos sostenidos que desafíen las normas patriarcales desde edades tempranas
• Un sistema nacional de monitoreo de muertes violentas con enfoque de género, que conecte Fiscalía, Ministerio de Salud, instituciones estadísticas y organizaciones civiles

Sin estas piezas, la justicia y la prevención quedan fragmentadas o sin alcance real en muchas provincias del interior.

El impacto social de cada feminicidio

Detrás de cada feminicidio hay una historia de pérdida irreparable. Hijos e hijas quedan sin madre; padres, hermanas y amigos portan la herida de una ausencia forzada; vecinas y comunidades conocen el nombre de esa mujer, su lucha, su vida rota. Ese impacto no se recoge en estadísticas puras, pero es esencial para dimensionar la gravedad del fenómeno.

Las organizaciones que documentan estos casos actúan como garantes de memoria: nombran a cada víctima, describen su contexto, su edad, su vínculo con el agresor y sus circunstancias de muerte. Así, cada mujer no queda reducida a un número: reaparece su rostro, su historia y su presencia social.

Registrar y recordar cada feminicidio tiene también un propósito ético y político: rechazar el olvido institucional. Hacer visible cada feminicidio es, en sí mismo, una denuncia contra la impunidad, el silencio y el desamparo estructural.

En muchas localidades, el efecto del feminicidio trasciende lo privado: genera temor colectivo, reclamo social, movilización comunitaria, exigencia de justicia y, en algunos casos, nuevas redes de solidaridad entre mujeres vulnerables.

Ese impacto se intensifica en zonas rurales o provincias del interior, donde el acceso a servicios estatales es más limitado y la fragilidad institucional deja a las comunidades aún más expuestas.

Urgencias y desafíos

Los 300 feminicidios en Cuba documentados entre 2019 y octubre de 2025 representan una memoria ineludible de violencia sistemática contra mujeres en la isla. Son casos cuya veracidad ha sido corroborada y que no pueden ser ignorados. Pero esa cifra no cierra el asunto: la omisión institucional, la falta de estadísticas oficiales coherentes y la invisibilidad legal impiden conocer la dimensión real del fenómeno.

Las urgencias son claras: tipificar el feminicidio como delito autónomo en el Código Penal, crear protocolos públicos y obligatorios en los ámbitos policial, judicial y sanitario con enfoque de género, establecer refugios seguros y generar campañas de prevención que modifiquen normas culturales patriarcales. A la par, es indispensable la transparencia institucional: que los organismos estatales publiquen datos desagregados sobre muertes violentas de mujeres, con acceso público y cotejable con registros independientes.

Cada uno de esos 300 casos es una voz que reclama justicia. Detrás de esos números hay nombres, vidas, familias rotas. A través del registro, la memoria y la exigencia ciudadana podemos evitar que esos nombres permanezcan silenciados. Pero para que esto sea posible, la respuesta estatal no puede seguir ausente.