A Jonathan Muir le gustaba llegar a su casa al terminar los ensayos en el templo evangélico e ir directo a la pequeña bomba que está en el patio, extraer agua, llenar las tanquetas y bañarse. Ya listo, salía a visitar a su novia que vive a unas pocas cuadras de él.
Jonathan David Muir Burgos es un adolescente de 16 años. Vive en El Vaquerito, un barrio del municipio de Morón, Ciego de Ávila, cuyo nombre remite al capitán Roberto Rodríguez Fernández, jefe del llamado Pelotón Suicida bajo el mando de Ernesto Che Guevara. El capitán murió en diciembre de 1958, durante la Batalla de Santa Clara. Tenía 23 años de edad.
El Vaquerito, un lugar marcado por la historia y la debacle
Pero El Vaquerito que habita Jonathan no es solo un nombre cargado de historia de la revolución, es también un lugar marcado por la debacle de esta. Es una zona conocida como "llega y pon". La expresión no es compleja ni necesita largas explicaciones: nace de la práctica de quienes, sin otra opción, llegaban y levantaban, en cualquier espacio libre, un pequeño cuarto hecho con pedazos de tablas, cartones y zinc recogidos de donde fuera posible. Allí, entre lo improvisado y lo urgente, se fue formando una comunidad.
A unas pocas cuadras del lugar donde ha vivido toda la vida se erige la iglesia independiente Tiempo de Cosecha, donde su padre, el pastor Elier Muir, lidera la congregación. Es un espacio donde él y su familia pasan la mayor parte del tiempo. Todas las tardes ensayan con un pequeño grupo de alabanzas que está al servicio de la iglesia, en el que Jonathan toca el sintetizador. Según sus propios compañeros, cuando está tocando se siente satisfecho. Varios de estos jóvenes no han terminado sus estudios, pero encuentran pertenencia en los proyectos de la iglesia.
Protesta y suplicio de Jonathan Muir
El 13 de marzo de 2026, luego de haber pasado parte del día en el Parque Martí —lugar donde acudía con mucha frecuencia con sus amigos a sentarse en un banco frente al busto del Apóstol de Cuba—, regresó a su casa. Al opinar de uno de sus amigos, esa es una de las cosas que más les gustaba hacer, pues lograban salir un poco de la rutina diaria de apagones que los afecta grandemente.
Al llegar Jonathan del parque, su padre ya había recogido agua. El adolescente tomó un poco de la que estaba caliente en el caldero tiznado en el fondo del patio y se bañó. Se preparaba para visitar a su novia, pero esa noche las cosas fueron diferentes.
Una marcha con varias personas pasó frente a su hogar, protestando por los interminables apagones y la falta de libertad. No lo dudó y se sumó. Esas manifestaciones tuvieron una fuerte carga simbólica: la quema de emblemas y mobiliario del Partido Comunista marcó la jornada y evidenció el nivel de hartazgo acumulado.
Jonathan caminó unos quinientos metros, acompañando la protesta hasta las cercanías de la sede del Partido. Como describe su padre, participó para expresar su frustración por la falta de lo básico para vivir y para también manifestar su deseo de libertad.
Luego de ese día, su vida continuó con aparente normalidad, por las calles llenas de huecos de su comunidad, entre el bullicio de la gente. Un vecino del lugar cuenta que se sentía un ambiente tenso; relata que se estaban llevando a muchas personas: algunas regresaban horas después y otras no.
Una llamada de un oficial de la Seguridad del Estado, aún no identificado por su familia, cambió de la peor manera la rutina de su hogar. Jonathan y su padre fueron citados de forma verbal para que se presentaran en la unidad policial.
Su padre, quien mantiene una postura disidente, estaba acostumbrado al acoso del régimen. Pero esta vez la cita no era un episodio más de intimidación, sino el inicio de una contingencia que cambiaría sus vidas.
Acudieron la mañana del 16 de marzo a la sede del Departamento de Seguridad del Estado (DSE), lugar desde el que fueron trasladados a la Unidad Provincial de Delitos contra la Seguridad del Estado, con sede en la cabecera provincial. El padre quedó en libertad pasadas las 5:00 de la tarde de ese mismo día, a pesar de que pidió que liberaran a su hijo y lo dejaran a él en prisión.
Jonathan está siendo acusado del presunto delito de sabotaje, una figura tipificada en el Código Penal cubano que podría acarrear una condena de al menos siete años de privación de libertad.
Sin claridad ni evidencias
Según la información disponible —proporcionada por su familia y recogida en un informe de la organización independiente Cubalex—, la identificación de Jonathan habría estado sustentada en elementos indirectos y no concluyentes. Hasta ahora, no existe claridad sobre la evidencia concreta utilizada en su contra ni acceso a la documentación oficial del caso, que permanece bajo control de la Fiscalía.
La acusación se enmarca formalmente en los hechos ocurridos el 13 de marzo de 2026 en Morón. Durante esa noche, al menos cinco personas fueron detenidas de manera violenta.
La falta de transparencia sobre las pruebas y el proceso seguido contra Jonathan refuerzan las preocupaciones sobre posibles irregularidades en la investigación y la utilización de imputaciones basadas en elementos no verificables, según ha advertido Cubalex y otros defensores de los derechos humanos.
Más adolescentes reprimidos
El caso de Jonathan no es un hecho aislado. Cubalex verificó que, junto a él, al menos otros tres adolescentes han sido reprimidos:
"Cristian Crespo Álvarez (16 años), Kevin Samuel Echeverría Rodríguez (menor de 18 años) y Yohasnel Estrada Rodríguez (reportado como de 17 años, pendiente de verificación)."
De ellos, Cristian también permanece privado de libertad, mientras que la situación de los demás no ha podido ser confirmada con precisión, aunque no se descarta que se encuentren detenidos.
Testimonios recogidos en la zona apuntan, además, a la posible existencia de más menores de edad privados de libertad, incluyendo a mujeres. Sin embargo, estas informaciones no han podido ser verificadas plenamente debido a la falta de acceso a datos oficiales y a las presiones ejercidas sobre las familias, lo que dificulta reconstruir con claridad el alcance real de lo ocurrido.
El 24 de marzo, los padres de Jonathan y el abogado de oficio asignado intentaron tramitar ante la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular un recurso de habeas corpus con la intención de que pudiera salir bajo fianza, el cual fue rechazado. Según el documento oficial que respondió al recurso, Jonathan está asegurado con la medida cautelar de prisión provisional en el expediente de fase preparatoria 5 de 2026, tramitado por la estructura provincial de la Fiscalía.
El adolescente, como afirma su familia, solo admitió haber gritado varias consignas anti-sistema durante la protesta de Morón, en virtud de sus derechos recogidos en el Artículo 54 de la Constitución de la República sobre la libertad de expresión.
Su padre ha alertado sobre el deterioro del estado emocional del menor durante el encierro. Afirmó:
"Mi hijo ha sido afectado psicológicamente, lo notamos".
En una de las visitas, realizada al noveno día de su detención, el propio adolescente expresó que sentía como si hubieran pasado quince días.
Jonathan padece deshidrosis en la piel, una enfermedad que produce ampollas en las manos y los pies, así como una intensa comezón; esta condición puede empeorar cuando el paciente está sometido a estrés. El encierro, sin recibir atención médica adecuada, podría agravar su condición.
Traslado a la prisión de Canaleta
Según la confirmación de una fuente en la propia institución de investigación policial, Jonathan fue trasladado a la prisión de máxima seguridad conocida como Canaleta, sin previo aviso a sus familiares. Esta prisión es conocida por sus duras condiciones y por haber sido escenario de un motín en febrero de 2026, durante el cual al menos dos reclusos resultaron gravemente heridos por la represión, y sobre el que persiste el silencio oficial, pese a que existen denuncias. Su padre también confirmó al medio independiente elTOQUE que el adolescente se encuentra allí.
El traslado se produjo el miércoles 1 de abril, dos días después de que trascendiera que Jonathan había sido imputado por el supuesto delito de sabotaje. La información también fue proporcionada por la propia familia del menor en un audio difundido por la organización Defensa Cuba (CD) en sus redes sociales.
Cerca de un mes después de las protestas en Morón, el gobierno intenta dar una idea de normalidad. A pesar de los cortes de corriente, la falta de combustible, la tensión en la localidad y de los procesos penales contra los manifestantes del 13 de marzo, en esas mismas calles el régimen cubano decidió realizar durante la Semana Santa el XXIII Festival Piña Colada.
Uno de los eventos, una conga con muy pocos participantes —como se aprecia en un video publicado en la página de Facebook del propio festival— recorrió la comunidad, con la participación de autoridades locales y del artista oficialista cubano Arnaldo Rodríguez, conocido por su grupo musical Arnaldo y su Talismán.
Por los mismos días, el régimen cubano anunció la liberación de 2.010 presos como un "gesto humanitario" vinculado a la Semana Santa, en un contexto de presiones crecientes desde Estados Unidos y de la comunidad internacional. No se ha publicado una lista de los beneficiados ni se ha confirmado si entre ellos se encuentran personas detenidas por motivos políticos. Organizaciones como Prisoners Defenders estiman que en Cuba hay 1.214 presos políticos al cierre de febrero de 2026, ninguno de los cuales ha sido confirmado como liberado, lo que pone de relieve la incertidumbre sobre el alcance real de estas medidas.
Antes de este indulto se excarcelaron 51 personas privadas de libertad, como gesto de "buena voluntad" hacia el Vaticano. Cubalex confirmó que 26 de ellos eran presos políticos. El régimen mezcla en sus liberaciones a presos políticos con presos comunes. Como si de una piña colada se tratara.
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