La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) emitió un comunicado denunciando la represión política en Cuba y en especial la situación de la profesora cubana Alina Bárbara López Hernández, recientemente declarada culpable en un juicio por el delito de “desobediencia”, dos semanas después de que académicos afiliados a la organización estadounidenses le reclamara un posicionamiento al respecto.
“LASA condena la represión política en Cuba y en particular la ejercida recientemente en contra de la historiadora e intelectual cubana Alina López Hernández”, comenzó afirmando el comunicado de la organización, que calificó a la profesora cubana como “una reconocida académica, afiliada a varias organizaciones profesionales cubanas e internacionales, entre ellas la Academia de la Historia, Asociación de Escritores de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y LASA”.
En el texto, LASA denunció que “desde hace varios meses, la doctora Alina López Hernández ha sido objeto de actos de represión e intimidación a cargo de autoridades de su país, por medio de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), de oficiales la Seguridad del Estado y de otras instituciones como la Fiscalía General de la República, en franca violación de sus derechos humanos y ciudadanos”.
Además, señaló que entre las formas de violencia a las que ha sido sometida la profesora “pueden nombrarse: acoso directo y desde redes sociales; agresiones físicas; detención arbitraria; cortes y relantización del acceso a Internet; limitación de la libertad de movimiento e impedimiento de viajar al exterior para participar en encuentros profesionales; así como presiones y amenazas a familiares, colegas y amigos”.
Ante ello y el juicio arbitrario en el que fue condenada por “desobediencia”, la asociación condenó firmemente “la persecución política contra la historiadora Alina López Hernández y contra todas aquellas personas que disienten de los políticas del gobierno de Cuba. Nuestra asociación también reitera su compromiso con las libertades de expresión y de cátedra, imprescindibles para el trabajo intelectual y académico”.
Alina Bárbara, declarada culpable en un juicio arbitratio
Alina Bárbara López Hernández fue acusada del delito de “desobediencia” y puesta bajo arresto domiciliario el 14 de junio de este año, tras negarse a acudir a una citación ilegítima e inconstitucional.
Por ello fue enjuiciada y declarada culpable el pasado 28 de noviembre por un tribunal nacional en un juicio marcado por la militarización de la sala, “con claras demostraciones de fuerza por parte de las autoridades, arbitrariedades y violaciones de derechos del debido proceso, tanto sobre la persona de la doctora López Hernández como de las ciudadanas y ciudadanos que acudieron al acto”, añadió el comunicado de LASA.
LASA, con más de 12.000 miembros, de los cuales más de la mitad viven fuera de EEUU, es la asociación académica más importante dedicada a los estudios sobre América Latina. Históricamente ha sido criticada por su postura de respaldo al régimen cubano, pero las exigencias de varios de sus integrantes le han hecho variar su postura en los últimos tiempos.
Numerosos académicos cubanos que integraban la organización renunciaron a su membresía en 2021debido al tibio comunicado publicado ante la represión sufrida por los artistas en la isla, especialmente Luis Manuel Otero Alcántara, tras el llamamiento de varios de sus miembros a pronunciarse.
En 2022, pese a que se había comenzaba a evidenciar un reconocimiento de LASA a la sociedad civil cubana, el académico José Raúl Gallego denunció que en uno de los paneles del congreso anual de la organización estaba inscrito un agente de la Seguridad del Estado del régimen.
Tras la publicación del comunicado de LASA, el Observatorio de Libertad Académica (OLA) se hizo eco del texto y celebró la “toma de conciencia sobre la realidad de la grave situación de los derechos humanos en Cuba por parte de este importante foro de la intelectualidad regional”.
Además, instaron a LASA a que consulte los informes del OLA “para que constate los efectos de esa política represiva al interior del sistema educativo cubano, vigente desde 1959”.