En 1842, una ley colonial fijó por escrito lo que debía comer un esclavo en Cuba. En 1962, un gobierno revolucionario comenzó a fijar por decreto lo que podía comer toda la población.
El Reglamento de Esclavos en Cuba obligaba a los amos a dar “dos o tres comidas al día” a la mano de obra esclavizada en las plantaciones, con una ración diaria que incluía seis u ocho plátanos (o su equivalente en boniato o ñame), ocho onzas de carne o bacalao y cuatro onzas de arroz o menestra. No es una idealización: está escrito en la norma colonial.
Un siglo y medio después, la isla vive con una cartilla de racionamiento permanente que apenas cubre una semana de consumo y cuyo contenido y calidad dependen tanto de las importaciones como de la logística estatal. La paradoja es brutal: una regulación decimonónica pensada para el régimen de plantación esclavista resulta, en papel, más generosa que la canasta normada del siglo XXI en la isla.
La libreta de abastecimiento nació en Cuba en 1962 y, seis décadas después, sigue definiendo el acceso de millones de personas a alimentos básicos. El Gobierno anunció su creación para “distribuir equitativamente” bienes escasos bajo un esquema planificado y "garantizar" que todos los ciudadanos recibieran una cuota mínima a precios subsidiados.
Pocos artefactos políticos condensan tanto discurso, control y precariedad cotidiana. Es uno de los símbolos más duraderos del sistema socialista implantado por el dictador Fidel Castro. Ya en su justificación inicial —el “por cuanto” de la norma fundacional— el Estado hablaba de “carencias” y de “acopio desmedido” para presentar el racionamiento como medida “equitativa” y “temporal”, una temporalidad que se volvió permanente.
Raúl Castro dijo en 2011 que la libreta fue pensada con "una vocación igualitaria en momentos de escasez, para proteger a nuestro pueblo de la especulación y el acaparamiento con fines de lucro". La ironía es que la escasez decidió quedarse a vivir en Cuba.
Lejos de desaparecer, la cartilla sigue activa, aunque reducida a su mínima expresión. Su persistencia revela más de la propaganda del régimen que de una verdadera función económica. En la práctica, se ha convertido en un instrumento de control social y un recordatorio mensual de la penuria estructural.
¿Cómo funciona la libreta de abastecimiento en Cuba?
Desde su implantación en 1962, la libreta no solo establece raciones, sino que asegura un sistema completo de control estatal sobre la vida cotidiana.
El Gobierno fija precios artificialmente bajos para los productos normados y, al mismo tiempo, impone cuotas exactas por persona: cada cubano tiene derecho a una cantidad determinada de arroz, frijoles, azúcar o café, independientemente de sus ingresos.
Para que eso funcione, aparece en escena un registro obligatorio de consumidores, las llamadas OFICODA (Oficinas del Registro de Consumidores). Allí se registran los nombres, la dirección y el número de integrantes de la familia, datos que permiten al Estado calcular con exactitud qué cantidad de alimentos se debe entregar a cada comunidad.
Las familias están asignadas a una bodega —tienda estatal de barrio—, generalmente cercana a su lugar de residencia. En esa bodega, el dependiente anota en la libreta los productos entregados, la cantidad y la fecha, y sella o firma como constancia.
El diseño del cuaderno apenas ha cambiado desde los años 60: papel barato, tipografía industrial y un sello que recuerda a los cartones de racionamiento de guerra.
El sistema está pensado para ser universal. Tienen derecho a la libreta todos los ciudadanos cubanos con residencia permanente, así como los extranjeros con residencia legal permanente en la isla.
Los precios de la canasta normada se pagan en pesos cubanos (CUP) y son inferiores a los de los mercados no normados. El monto total depende del número de integrantes de cada núcleo y de las cantidades asignadas por persona. No se aceptan divisas ni tarjetas: es un sistema que conserva la lógica de un mercado en efectivo y estrictamente regulado.
En la práctica, este sistema se traduce en colas interminables y en la incertidumbre de no saber cuándo llegará el arroz o el aceite a la bodega. Y cuando finalmente aparece, no es raro que los consumidores se topen con granos infestados o alimentos en mal estado, resultado de los atrasos y de una cadena de distribución deficiente.
Ese desajuste crónico abre la puerta a un mercado negro floreciente. Allí pueden encontrarse los mismos productos de la libreta revendidos a precios mucho más altos, o mercancías desviadas de almacenes estatales con mejor calidad.
La evolución de la canasta normada
En sus primeros años, la libreta fue presentada como una canasta integral. Durante las décadas de 1960 y 1970 incluía arroz, granos, azúcar, café puro, aceite, carne de res, pescado, leche para toda la población y huevos en cantidades regulares. También llegaban papas y hasta productos de higiene como jabón, pasta dental y detergente. A esta etapa pertenecen las llamadas libretas industriales, que regulaban la compra de ropa, calzado y otros bienes básicos.
Incluso los juguetes fueron normados: cada niño recibía tres al año, clasificados como “básico”, “no básico” y “dirigido”, en un intento de sustituir la tradición de los Reyes Magos. La escasa disponibilidad y las diferencias entre provincias acentuaron las desigualdades en lugar de borrarlas.
Con la crisis del Período Especial en los años noventa, las cuotas de carne y lácteos se volvieron excepcionales, la leche quedó reservada a los menores de siete años y a dietas médicas, y muchos productos dejaron de llegar con regularidad. La libreta pasó a garantizar apenas lo indispensable: arroz, azúcar, algunos granos, un poco de aceite y pan —uno por persona al día—. Fue también la época en que el “pescado” prometido se sustituyó de forma sistemática por el pollo, origen del eufemismo popular “pollo por pescado”.
A partir de los años 2000 comenzó una reducción formal de la canasta. Se eliminaron de la libreta la papa y los chícharos con el argumento de que se venderían “liberados” en mercados de oferta y demanda. Se suprimió el subsidio a los cigarros, que dejaron de ser un producto universal a bajo precio y pasaron a comercializarse con precios fijados y cuotas limitadas. El café dejó de ser puro: el Estado oficializó la mezcla con chícharo como parte de la cuota mensual. La prensa oficial llegó incluso a publicar “orientaciones” sobre cómo colarlo para disimular el sabor amargo.
Durante la pandemia de COVID-19, la cartilla de racionamiento recuperó protagonismo como canal de distribución. El Gobierno utilizó el sistema para entregar “módulos” de donaciones internacionales y para regular la venta de alimentos y artículos de aseo, con el objetivo de evitar aglomeraciones. Productos como el chícharo reaparecieron en la canasta normada de manera intermitente, confirmando que la política de “liberar” rubros nunca fue definitiva.
Impacto social, económico y calórico
En términos prácticos, las raciones apenas cubren siete o diez días de consumo. Sin embargo, para millones de cubanos representan el único acceso estable y predecible a alimentos básicos a precios muy por debajo del mercado. Sin esa cuota, el gasto mensual de un hogar promedio en alimentación se multiplicaría exponencialmente, lo que dejaría a gran parte de la población en una situación de vulnerabilidad extrema.
La libreta funciona como un salvavidas para los hogares que dependen de salarios estatales o pensiones y que no reciben remesas. En barrios periféricos o zonas rurales, donde los mercados alternativos son escasos, la dependencia es mayor. Aún así, la cuota mensual apenas garantiza entre 1.000 y 1.200 calorías diarias, menos de la mitad de las 2.100 que la FAO recomienda como mínimo.
Diversas estimaciones sitúan el gasto de Cuba en alrededor de 230 millones de dólares mensuales para importar alimentos destinados a la libreta, en un contexto donde entre el 60 y el 80 % de lo que consume proviene del exterior. El Gobierno reconoce que los subsidios universales también benefician a quienes no los necesitan, pero sustituirlos por un sistema focalizado entraña riesgos políticos y administrativos.
¿De dónde vienen los productos?
La proteína cárnica más estable de la libreta y de la dieta popular es el pollo congelado. Desde hace años, Estados Unidos es el principal proveedor del producto para la isla bajo las excepciones agroalimentarias del embargo: en 2023 representó por sí solo más del 40% del valor de las exportaciones agrícolas estadounidenses a Cuba, según datos comerciales de ese año.
En arroz, la isla ha dependido de Vietnam —socio técnico y comercial— y de compras puntuales en Brasil o Uruguay; en 2024–2025 se documentan donaciones y proyectos de cultivo con empresas vietnamitas para intentar reanimar la producción nacional. Ni siquiera el azúcar escapa a esa dependencia: la zafra local ha caído tanto que el país la importa para cumplir compromisos y poder abastecer.
En definitiva, la libreta es menos un mecanismo económico que una válvula de contención social. Garantiza un mínimo que evita una inseguridad alimentaria generalizada y, con ello, previene un estallido de descontento mayor. Por eso, aunque es insostenible y refuerza las desigualdades, sigue siendo una pieza que el régimen no se atreve a eliminar.
Experiencias internacionales de racionamiento
El racionamiento de alimentos no es exclusivo de Cuba. A lo largo del siglo XX, varios países recurrieron a sistemas de cartillas como respuesta a la guerra o a crisis puntuales.
La Unión Soviética lo implantó durante la guerra civil y la Segunda Guerra Mundial, pero lo abolió en 1947, apenas dos años después del final del conflicto. En el Reino Unido, la cartilla apareció en 1940 con el inicio de los bombardeos alemanes, y la última restricción —la de la carne— se levantó en 1954. En China, los cupones para adquirir arroz, harina y aceite acompañaron la etapa maoísta, pero fueron desmantelados en los años noventa con la apertura económica.
En todos estos casos, el racionamiento fue concebido como una respuesta excepcional. Se activó en medio de la escasez y se retiraró en cuanto las condiciones lo permitieron.
Cuba rompe esa lógica. La libreta de abastecimiento no nació de una guerra mundial ni de una catástrofe natural. Es una rareza histórica, un fósil de la Guerra Fría que todavía condiciona la vida doméstica de millones.
Hoy, el único paralelo real es Corea del Norte, con su Sistema de Distribución Pública, que reparte raciones muy por debajo de las necesidades calóricas mínimas y de manera irregular. Otros países, como India o Egipto, mantienen subsidios a alimentos básicos, pero a través de tarjetas electrónicas y programas focalizados en los sectores más pobres, no mediante una cartilla universal.
En pleno siglo XXI, la libreta representa el fracaso de un modelo económico incapaz de garantizar alimentos más que bajo un esquema propio de un estado de guerra permanente. El absurdo no está solo en su permanencia, sino en el discurso oficial que la glorifica como conquista revolucionaria. La libreta es, en realidad, el monumento cotidiano a la escasez y al control político.
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