La escasez prolongada de medicamentos en Cuba obliga a pacientes con enfermedades crónicas a comprar sus tratamientos a precios que consumen buena parte de sus pensiones o salarios. En marzo de 2026, Naciones Unidas advirtió que el sistema sanitario cubano se acercaba a un punto crítico, debido a los apagones frecuentes, la falta de medicamentos esenciales y las graves interrupciones en múltiples servicios de salud. Sin embargo, la situación está lejos de cambiar.
Conseguir un medicamento en la isla depende cada vez menos de presentar una receta en una farmacia estatal y más de poder acceder a los circuitos informales. Para quienes padecen enfermedades crónicas, la falta prolongada de tratamientos puede provocar interrupciones terapéuticas, descompensaciones y un agravamiento crítico de su estado de salud.
La crisis de la salud en Cuba
Según el artículo 72 de la Constitución de la República de Cuba, "la salud pública es un derecho de todas las personas" y corresponde al Estado garantizar "el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación", lo que contrasta con la realidad actual.
El Presupuesto del Estado para 2026 destinó a la salud pública 76.756 millones de pesos, equivalentes al 21 % de los gastos de la actividad presupuestada. El documento oficial reconoce que el sector funciona en un contexto de limitaciones, escasez de recursos y necesidad de modernizar su infraestructura. En el caso del programa de atención integral al cáncer, admite que persisten limitaciones en el diagnóstico y el tratamiento por la falta de medicamentos, material gastable y reactivos de laboratorio, así como por las roturas de equipos médicos derivadas del déficit de partes y piezas de repuesto.
En septiembre de 2025, el régimen cubano presentó públicamente un informe elaborado en mayo y remitido al secretario general de las Naciones Unidas, en cumplimiento de la Resolución 79/7 de la Asamblea General. El documento señaló que el Cuadro Básico de Medicamentos estaba compuesto por 651 renglones: 401 de producción nacional y 250 importados. También situó en el 69 % la afectación del cuadro básico y reconoció que 364 medicamentos —el 56 % del total— estaban en falta. El régimen atribuyó esas afectaciones al embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.
Más allá de las estadísticas, los testimonios de varios cubanos entrevistados muestran las consecuencias de la escasez.
Mercedes Rodríguez, residente en el municipio de Habana del Este, tuvo que ser ingresada de gravedad en un hospital por no poder conseguir los medicamentos necesarios para tratar para tratar el hipertiroidismo y la hipertensión arterial, según explicó su hijo Raymel. Este solicitó ayuda a través de las redes sociales ante el agravamiento del estado de salud de su madre:
"Si personas que tienen relación con la Iglesia católica no se hubieran sensibilizado, las consecuencias hubieran sido nefastas."
Una trabajadora del sector de la salud, residente en Camagüey, que solicitó mantener el anonimato, explicó que su tía de 79 años necesita diariamente una tableta de clopidogrel de 75 miligramos para prevenir la formación de coágulos debido a su enfermedad arterial periférica. De acuerdo con su testimonio, la farmacia estatal no tiene el medicamento desde hace tres meses.
Al igual que Mercedes, la trabajadora de la salud refiere que se acercará a una congregación religiosa que está gestionando esos medicamentos para ver si logra una donación. En el mercado informal, un blíster de diez tabletas cuesta entre 850 y 900 pesos. Para completar las treinta dosis mensuales, la mujer tendría que gastar entre 2.550 y 2.700 pesos, de una pensión de 3.400. La familia ha terminado por espaciar las dosis porque no puede asumir el coste completo del tratamiento. La situación se repite.
En San Miguel del Padrón, La Habana, otra persona que también solicitó mantener su identidad en reserva, aseguró que su hermano lleva cinco meses sin poder adquirir en la farmacia estatal la fenitoína de 50 mg, indicada para controlar la epilepsia; el alprazolam, un ansiolítico; y la fluoxetina, un antidepresivo.
Los tres fármacos forman parte de su tratamiento y su precio total en farmacia es de 48 pesos. La familia intenta localizarlos mediante vendedores informales, pero se encuentra con precios que superan sus posibilidades económicas, pues para obtenerlos completos en el mercado informal la persona necesitaría unos 3.200 pesos. El paciente recibe una pensión de 2.800 pesos por baja médica, cifra cercana al salario mínimo actual de 3.210 pesos.
Las farmacias sin medicamentos
La escasez alcanza incluso a medicamentos de uso común. Otra fuente relató que acudió a la farmacia situada en la avenida 85, entre 124 y 126, en Marianao, en busca de un antipirético para su hijo de doce años, que tenía fiebre. Preguntó por paracetamol, dipirona o cualquier otro fármaco que pudiera ayudar a reducirle la temperatura, pero la empleada le respondió que no había ninguno disponible y le recomendó bañar al niño con agua fresca para intentar bajarle la fiebre.
En el mercado informal, el precio de estos antipiréticos oscila entre 500 y 750 pesos. El precio "normal" de cada uno no sobrepasa los 10 pesos en las farmacias estatales debido a su condición de "no controlados", pero hace tiempo que no hay existencias.
La fuente recorrió varias farmacias de la localidad, pero ninguna de las que visitó los tenía disponibles. Tampoco los antibióticos, cuyos precios alternativos varían y alcanzan cifras elevadas. Según su testimonio, otros establecimientos estaban cerrados porque no tenían ningún medicamento para vender. Las imágenes recibidas de la farmacia de la avenida 85 muestran un inmueble en un estado constructivo muy precario. De acuerdo con el relato, el establecimiento permanece cerrado la mayor parte del tiempo porque apenas recibe medicamentos:
"La falta de suministros ha convertido una necesidad básica y urgente en una búsqueda incierta fuera de la red estatal."
Además, la única vez que el establecimiento estuvo abierto al público, la dependienta dijo:
"No había existencia allí de casi ningún medicamento."
El medio independiente CubaNet informó que Víctor Manuel Domínguez, uno de los veteranos del periodismo independiente cubano, falleció en La Habana la noche del 10 de julio de 2026. En una crónica publicada cinco días después, el periodista Luis Cino relató que Domínguez, con la salud gravemente deteriorada por la diabetes y ante la necesidad de que le amputaran una segunda pierna por gangrena, se negó a la operación y prefirió esperar la muerte en su casa antes que en una cama de hospital.
Las Naciones Unidas alertan sobre la crisis de la salud en Cuba
Del 11 al 14 de mayo de 2026, Edem Wosornu, directora de la División de Respuesta a Crisis de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), y Altaf Musani, director de Intervenciones Sanitarias de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), visitaron Cuba como parte de una misión conjunta de evaluación humanitaria.
Tras la visita, advirtieron en una conferencia de prensa que la escasez de electricidad, combustible, medicamentos e insumos médicos estaba afectando gravemente la atención de emergencias, los bancos de sangre, los laboratorios, los programas de inmunización y los servicios de salud materna e infantil. También señalaron que alrededor de cinco millones de personas con enfermedades crónicas estaban expuestas a interrupciones de tratamientos indispensables para mantenerlas con vida.
El desgaste sanitario se produce en medio de indicadores demográficos cada vez más adversos y de una inflación indetenible.
Mediante las resoluciones 14/2026 y 15/2026 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, publicadas el 17 de julio de 2026 en la Gaceta Oficial, el régimen cubano fijó el salario mínimo nacional en 3.210 pesos mensuales y aprobó una nueva escala salarial para los trabajadores del sector presupuestado. Aunque las normas fueron publicadas el 17 de julio, sus efectos salariales se aplican desde el 1 de julio, por lo que el incremento correspondiente a ese mes se reflejaría en los pagos de agosto.
Un día después, el economista cubano Elías Amor publicó en su blog Cubaeconomía el análisis "La demagogia de la actualización de salarios en Cuba", en el que contrastó el incremento salarial del 53 % con la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante los seis años anteriores:
"Ha subido casi un 200% acumulado, de modo que lo que aumentan ahora los salarios ya se lo devoró la inflación pasada."
Amor calculó, además, que el nuevo salario mínimo equivalía a menos de cinco dólares al cambio informal.
Por su parte, el informe oficial Indicadores demográficos de Cuba y sus territorios 2025, publicado por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) en julio de 2026, registró 68.064 nacimientos y 136.214 defunciones. Las muertes duplicaron los nacimientos y dejaron un saldo natural negativo de 68.150 personas: incluso sin contabilizar la emigración, el país perdió más de 68.000 habitantes por la diferencia entre fallecimientos y nacimientos.
A este panorama se suma el aumento de la mortalidad infantil en la isla. Datos preliminares de la Dirección de Registros Médicos y Estadísticas del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), citados por el diario oficial Granma el 2 de enero de 2026, muestran que la tasa pasó de 7,1 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2024 a 9,9 en 2025. La mortalidad materna también aumentó, de 40,6 a 44,1 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos.
Estas estadísticas no permiten atribuir directamente el conjunto de las defunciones a la escasez de medicamentos, porque todavía no se ha publicado un desglose completo de las causas de muerte de 2025. Sin embargo, muestran la profundidad del deterioro sanitario y social en el que millones de cubanos deben afrontar la falta de fármacos, la interrupción de tratamientos y las dificultades para acceder a servicios médicos.
El 25 de marzo de 2026, el Sistema de las Naciones Unidas presentó un Plan de Acción Ampliado para Cuba, que dio continuidad a la respuesta a las afectaciones del huracán Melissa e incorporó los efectos humanitarios de la contingencia energética. Extendido hasta diciembre, el plan requiere 93,4 millones de dólares para atender las necesidades críticas de dos millones de personas —aproximadamente uno de cada cinco habitantes del país—, distribuidas en 63 municipios de ocho provincias.
En este escenario, el acceso a los medicamentos, en teoría gratuito, se encuentra condicionado en la práctica por la capacidad económica de cada familia. Quienes disponen de mayores ingresos o reciben ayuda desde el exterior pueden buscar alternativas en el mercado informal; quienes dependen de una pensión o de un salario estatal se enfrentan al riesgo de reducir, espaciar o interrumpir tratamientos indispensables, con el consiguiente peligro para sus vidas.
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