La exjueza cubana Melody González Pedraza fue arribó a Cuba este jueves 25 de septiembre de 2025 en el noveno vuelo de deportaciones que las autoridades de inmigración de los Estados Unidos han enviada a la isla este año, acorde informaron varios medios independientes.
Concluyó así un polémico proceso que se extendió durante los 484 días en que esta represora “de cuello blanco” registrada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), permaneció en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras comprobársele su filiación con el Partido Comunista de Cuba (PCC), principal motivo de su deportación, según le fuera informado por autoridades de Estados Unidos.
"Se hizo justicia. Ella no merecía vivir en Estados Unidos después de tanto daño que hizo en Cuba”, declaró a Martí Noticias Dunia Rodríguez Milián, madre de uno de los cuatro jóvenes de Calabazar de Sagua, Villa Clara, que en mayo de 2024 fueron condenados a prisión por Melody González Pedraza, por el presunto delito de “atentado”, bajo el cual se oculta la represión política por protestar en las calles el 11 de julio de 2021 (11J) contra el régimen cubano. Dunia agregó:
"Ella le metió los cuatro años a los muchachos, quitándole el privilegio a mi hijo de poder irse para Estados Unidos, porque a mi hijo le había llegado el Parole. Sin embargo, a ella, una jueza tan revolucionaria, que ha metido a tantos muchachos presos injustamente, le llegó el Parole y le dieron la liberación [del Ministerio de Justicia]”.
Como otra prueba, se ha hecho notar que su nombre ya no aparece desde la misma fecha en los registros del centro para inmigrantes de Richwood, en Luisiana, donde permanecía detenida por el ICE.
El diario oficialista cubano Granma informó este mismo jueves 25 de septiembre que Estados Unidos realizó su noveno vuelo de deportaciones de 2025, trasladando a la isla otros 136 migrantes irregulares, de los que 125 son hombres y 11 son mujeres. Una de ellas sería Melody González Pedraza. A casi tres meses de finalizar el año, suman ya 37 las devoluciones de esta clase provenientes de varios países de la región, con un total de 1140 personas deportadas. 999 proceden de Estados Unidos.
William Hernández Carrazana, esposo de la exjueza, fue deportado tiempo antes, y ya se encuentra residiendo de nuevo en Encrucijada. Su hermano, Ruber González Pedraza, fue también detenido recientemente por el ICE, cuando llevaba a su hija pequeña hacia el daycare, y permanece en el centro de detención de Krome, esperando su deportación.
Según las declaraciones ofrecidas a Diario de Cuba por Roberto Castellón, primo de la exjueza, la deportación de Ruber González Pedraza está motivada no solo por su parentesco directo, sino sus estudios en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), identificada como el principal centro desde el que el régimen cubano organiza su ciberguerra contra periodistas, activistas y opositores políticos residentes fuera y dentro de la isla, y también contra medios de comunicación y organizaciones del exilio.
Crónica de una deportación anunciada
El 8 mayo de 2024, Melody González Pedraza, entonces Tribunal Municipal Popular de Encrucijada, Villa Clara, dictó sentencias de tres y cuatro años de privación de libertad (Causa 2 de 2024) contra los jóvenes Andy Gabriel González Fuentes, Eddy Daniel Rodríguez Pérez, Luis Ernesto Medina Pedraza y Adain Barreiro Pérez, por su participación en las protestas del 11J en Calabazar de Sagua, ubicado en este municipio.
Menos de un mes después, el 30 de mayo de 2024, la funcionaria arribó a territorio estadounidense como beneficiaria del Programa de Parole Humanitario de la Administración Biden. Pero su solicitud de ingreso al país fue denegada de inmediato por su filiación al PCC, no por su historial represivo.
La FDHC le abrió un expediente en su Lista de represores de cuello blanco, que le adjudica delitos de prevaricación y persecución por motivos políticos, e “incontables violaciones” a los Derechos Humanos.
González Pedraza solicitó entonces asilo político argumentando que había sido coaccionada por la Seguridad del Estado, lo cual le permitió permanecer en Estados Unidos bajo condiciones legales admitidas por el Derecho Internacional.
El 31 de julio de 2024, la exjueza intentó demostrar que calificaba para el asilo político durante en un audiencia realizada en el centro de detención Broward Transitional Center (BTC) localizado en Pompano Beach, Florida.
El 21 de mayo de 2025, un juez de inmigración falló en su contra. Se le concedió la oportunidad de apelar la decisión a la Junta de Apelaciones de Inmigración hasta el 20 de junio, pero no llegó a usar este derecho.