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Derechos humanos | Estas fueron las recomendaciones de la sociedad civil cubana en las pre-sesiones del EPU

El Gobierno cubano será examinado por la ONU respecto a los derechos humanos el próximo noviembre. En este artículo resumimos las principales demandas de la sociedad civil de cara a este proceso.

Palacio de las Naciones Unidas, en Ginebra.
Palacio de las Naciones Unidas, en Ginebra. | Imagen: Dreamstime.com

El pasado 30 de agosto, como parte de las pre-sesiones del Examen Periódico Universal (EPU) al que será sometido el Gobierno cubano por las Naciones Unidas (ONU) a inciso de noviembre, organizaciones como el Observatorio de Género de Alas Tensas, la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Cubalex, el Centro de Estudio, Liderazgo y Desarrollo, el Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derecho, Food Monitor Program, y el Observatorio de Libertad Académica presentaron sus recomendaciones en el Palacio de las Naciones de Ginebra.

Estas pre-sesiones, que permiten la participación de la sociedad civil en el EPU, estuvieron centradas en un grupo de recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, con el propósito de que las misiones permanentes en Ginebra recojan información de primera mano sobre la situación de los derechos humanos en el país examinado.

En este artículo resumimos las principales recomendaciones presentadas por cada una de las organizaciones participantes.

Observatorio de Género de Alas Tensas

Yanelys Núñez durante las pre-sesiones del EPU.
Yanelys Núñez durante las pre-sesiones del EPU. | Imagen: UPR
  • Incorporar el feminicidio como delito en el Código Penal.
  • Cumplir las recomendaciones dadas en el tercer ciclo del EPU.
  • Aprobar una Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba, que se elabore con la participación del activismo feminista.
  • Crear una red de refugios para mujeres víctimas de violencia machista con todas las garantías de seguridad y personal cualificado para atender estos casos, como forma de salvaguardar la vida.
  • Elaborar y aplicar los mecanismos para declarar el Estado de Emergencia, para cuando sea necesario contener el aumento de casos de violencia género en el país.
  • Establecer de inmediato y sin condicionamientos el derecho de reunión, asociación, y manifestación no solo para las mujeres que luchan contra la violencia de género y las asociaciones feministas cubanas que son criminalizadas, sino para todos los ciudadanos cubanos.
  • Garantizar con mecanismos efectivos el acceso al empleo, la salud, la educación y la justicia de las personas trans, mujeres afrodescendientes, de zonas rurales y personas con discapacidad.

Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana

  • No criminalizar la libertad de expresión ni la libertad artística de las y los jóvenes cubanos.
  • Excarcelar a las personas que por razones políticas han sido condenadas a privación de libertad.
  • Incluir en el cronograma legislativo nacional, de manera inmediata, una ley integral sobre violencia de género contra las mujeres y las niñas, teniendo en cuenta el número creciente de feminicidios.
  • Garantizar leyes que ayuden a la erradicación del racismo y que sancionen de manera interseccional la violencia de género unido a la discriminación racial.
  • Abstenerse de ejercer violencia política sobre las y los jóvenes que quieran influir en la toma de decisiones sobre políticas públicas.
  • Reconocer la personería jurídica de las organizaciones independientes que tienen como objetivo monitorear, observar, denunciar la violencia de género.
  • Abstenerse de ejercer violencia vicaria sobre los y las hijas de las activistas, periodistas y sociedad civil en general, así como sobre demás miembros de su familia.
  • Derogar leyes, decretos leyes, resoluciones que atenten contra el derecho inalienable a la ciudadanía de los hijos e hijas de cubanos y cubanas independientemente de su militancia política.

Cubalex

Laritza Diversent durante las pre-sesiones del EPU.
Laritza Diversent durante las pre-sesiones del EPU. | Imagen: UPR
  • Ajustar la legislación interna a los estándares internacionales en cuanto al debido proceso, garantizar la independencia del sistema judicial y de los abogados para desempeñar sus funciones de manera efectiva y ajustar la legislación para que los tribunales militares no tengan jurisdicción sobre civiles, y asegurar que solo los tribunales ordinarios sean competentes en casos de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo actos de tortura cometidos contra civiles.
  • Que el Estado cubano deje de criminalizar e intimidar a los manifestantes y garantice recursos efectivos para proteger sus derechos.
  • Las regulaciones que limitan la libertad de asociación deben ser revisadas y modificadas, particularmente en términos de cooperación internacional, para alinearlas con los estándares internacionales.
  • Tomar medidas administrativas y judiciales inmediatas para eliminar las prácticas gubernamentales que menoscaban los derechos de asociación y protesta pacífica
  • Sustitución del sistema de autorización para formar asociaciones por un sistema de notificación, la eliminación del sistema de doble inspección y la consideración de despenalizar las organizaciones no registradas.

Centro de Estudio Liderazgo y Desarrollo y Plataforma Femenina

  • Cesar el hostigamiento, la persecución, las detenciones arbitrarias y encarcelamientos de las ciudadanas, ciudadanos, periodistas independientes, activistas y grupos de derechos humanos de la sociedad civil independiente.
  • Garantizar que ninguna persona sea detenida o encarcelada por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
  • Adoptar un marco jurídico compatible con los estándares internacionales de derechos humanos, y que en su aplicación se respete la independencia judicial.
  • Respetar las garantías judiciales de todas las personas sometidas a procesos, y asegurar el acceso a asistencia letrada de forma gratuita desde el momento de la detención.

Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derecho (Cuido60)

Elaine Acosta durante las pre-sesiones del EPU.
Elaine Acosta durante las pre-sesiones del EPU. | Imagen: UPR
  • Modificar los muchos impedimentos regulatorios e institucionales que interfieren con el cuidado de las personas mayores, generando una norma específica para la protección de los derechos de las personas mayores y un sistema integrado de cuidados para su atención (Ley y sistema nacional de cuidados).
  • Legalizar y facilitar la participación de la sociedad cubana transnacional en el envío de ayuda humanitaria (insumos médicos, medicamentos, comida, etc.), a través de una vía expedita para la gestión de dicha ayuda.
  • Diseñar e implementar una Ley de Asociaciones, que permita la participación libre de organizaciones de la sociedad civil independiente en la atención a las personas mayores y la asistencia humanitaria, así como el asociacionismo y participación de las personas mayores.
  • Promover la “economía plateada” (actividades económicas, productos y servicios diseñados para satisfacer las necesidades de los adultos mayores), eliminando obstáculos para los empresarios privados y facilitando la expansión de organizaciones sociales enfocadas en adultos mayores.
  • Elaborar un Plan de Emergencia enfocado en los grupos vulnerables, priorizando alimentos y medicamentos, estableciendo precios con descuento para adultos mayores en diferentes servicios y reformar el Sistema de Atención a Familias de Bajos Recursos (SAF), ampliando los criterios de inclusión.
  • Crear red de protección social que extienda la asistencia focalizada en los pobres, eliminando la restricción de no brindar asistencia a los que tengan familia que les ayude.
  • Ampliar y mejorar la información estadística sobre las personas mayores, en particular sobre el impacto de la crisis en el aumento de la pobreza y las desigualdades sociales.

Observatorio de Libertad Académica

Ariel Ruiz Urquiola durante las pre-sesiones del EPU.
Ariel Ruiz Urquiola durante las pre-sesiones del EPU. | Imagen: UPR
  • Cesar las prácticas de persecución, discriminación y exclusión de académicos y estudiantes, por motivaciones políticas e ideológicas.


  • Derogar leyes, resoluciones y decretos que coarten la libertad académica y de expresión, así como las normativas que excluyen de facto a quienes piensan de manera divergente a los lineamientos ideológicos del Partido Comunista de Cuba.
  • Propender al establecimiento de una educación universal, que no excluya por razones de ideología, credo religioso o postulados científicos.
  • Reformar las instalaciones educativas, desde la infraestructura del inmueble hasta el material docente, instituyendo el derecho y la libertad a la navegación on line, para garantizar condiciones de estudios académicos acordes a los estándares vinculados a una educación realmente inclusiva y de calidad.

Food Monitor Program

Nastassja Rojas Silva durante las pre-sesiones del EPU.
Nastassja Rojas Silva durante las pre-sesiones del EPU. | Imagen: UPR
  • Implementar medidas para diversificar la agricultura y facilitar el acceso de los agricultores a insumos de alta calidad, tales como bajar gravámenes e impuestos y asegurar la importación de materias primas.
  • Promover la libre asociación de productores agrícolas en cooperativas no territoriales, así como la asociación entre productores y consumidores.
  • Eliminar el acopio forzado a precios por debajo del costo de producción, garantizando una justa compensación a los agricultores.
  • Asegurar un acceso equitativo a los alimentos y evitar su uso como herramienta de control político y social. Establecer mecanismos de supervisión independiente para asegurar la distribución sin discriminación.
  • Establecer programas de alimentación equilibrada y supervisión médica para personas privadas de la libertad, de acuerdo con estándares internacionales.
  • Hacer rendición de cuentas públicas sobre la utilización de los fondos recibidos de organizaciones internacionales para programas de ayuda y desarrollo vinculados a la alimentación.
  • Eliminar progresivamente las tiendas en MLC y promover la creación de nuevas tiendas en moneda nacional que garanticen el acceso equitativo a alimentos para toda la población.
  • Desarrollar un plan de mejora que asegure la inclusión de una alimentación balanceada en las instituciones educativas, siguiendo estándares internacionales.

 

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