Un reportaje de la televisión estatal rusa sobre la visita a La Habana del ministro del Interior de Rusia, Vladimir Kolokoltsev, dejó expuesto un punto que la propaganda oficial de la isla evita detallar: la cooperación priorizada entre ambos gobiernos no gira en torno al rescate de la economía ni a la crisis humanitaria que vive el país, sino al fortalecimiento de la estructura policial cubana, incluyendo —por su naturaleza— el aparato represivo de Cuba.
Dos relatos, un mismo hecho
En Cuba, la cobertura institucional suele presentar estos viajes como “encuentros de amistad” o “cooperación” sin explicar el contenido real de los acuerdos. El reportaje ruso, en cambio, muestra sin demasiados filtros una idea central: la alianza se traduce en apoyo directo a la “preparación” de oficiales cubanos, con acceso a campos de entrenamiento y programas de formación vinculados al Ministerio del Interior de Rusia.
El contraste es revelador: mientras La Habana guarda silencio sobre los detalles más sensibles, desde Moscú se habla abiertamente del componente operativo, como si se tratara de un intercambio técnico normalizado.
Contexto de crisis y prioridades invertidas
El énfasis en fortalecer la policía ocurre mientras la población cubana enfrenta una de las etapas más duras de la historia reciente: precariedad cotidiana, deterioro de servicios básicos, escasez de alimentos y medicinas, y un tejido social golpeado por la emigración masiva y la incertidumbre.
En ese escenario, la cooperación para “desarrollar” capacidades policiales adquiere un significado político evidente: el régimen se orienta a contener, con herramientas más sofisticadas, el malestar interno que genera la crisis. No es un detalle menor qué se financia, qué se entrena y qué se moderniza cuando el país carece de lo esencial.
En términos prácticos, la alianza con Rusia no se presenta como un plan para mejorar hospitales, escuelas o abastecimiento, sino como una inversión en control interno. Dicho de otro modo: ante la incapacidad de ofrecer prosperidad, el régimen apuesta por perfeccionar el control.
Malestar social y efecto Venezuela
La lectura política que se desprende es incómoda para el poder: si un gobierno prioriza el reforzamiento de su aparato de seguridad por encima de la recuperación social, es porque percibe fragilidad y riesgo.
A ese diagnóstico interno se suma un factor de contexto regional que acelera la urgencia del blindaje: la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y el ascenso de Delcy Rodríguez como autoridad interina en Venezuela. En La Habana, ese episodio funciona como advertencia: incluso un aliado estratégico puede caer, y el costo de reaccionar tarde ante un escenario de protesta puede ser irreversible.
Así, la búsqueda de respaldo externo para reforzar la estructura policial expone, más que fortaleza, el temor a la protesta y a un posible estallido: la crisis interna explica la orientación hacia el control y el precedente regional refuerza la percepción de riesgo.
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