Un reportaje de CBC News reveló que el régimen cubano mantiene en Canadá un esquema de contratación opaco por el cual trabajadores enviados a una refinería en Alberta, vinculada a la empresa canadiense Sherritt International, entregan entre el 80 y el 90% de sus salarios al régimen de La Habana. El caso vuelve a colocar bajo escrutinio internacional el modelo de exportación de mano de obra cubana, así como las denuncias de explotación laboral y control político ejercido sobre sus ciudadanos en el extranjero
Un negocio millonario con salarios recortados
De acuerdo con los documentos citados en la investigación, en los contratos los empleados cubanos aparecen con ingresos anuales que pueden alcanzar los 100.000 dólares canadienses. Sin embargo, testimonios recogidos por CBC señalan que, una vez en Canadá, los trabajadores solo reciben una fracción de esa suma, mientras el resto se transfiere a entidades estatales cubanas bajo la obligación de entregar la mayor parte del salario.
Un trabajador que habló bajo condición de anonimato, por temor a represalias contra su familia en la isla, calificó el sistema como “un abuso total”. Aseguró que los cubanos realizan “las mismas tareas que los canadienses”, pero viven en condiciones de precariedad, obligados a ajustar sus gastos con alimentos de bajo costo y, en algunos casos, recurriendo a bancos de comida para poder subsistir.
Prohibido hablar con canadienses
El reportaje también documenta restricciones severas a la libertad de los empleados. Los trabajadores tienen prohibido relacionarse con sus colegas canadienses fuera de las exigencias laborales y están sometidos a la vigilancia constante de "supervisores" enviados por el gobierno cubano. Estos funcionarios podían imponer castigos disciplinarios, retirar beneficios o repatriar de inmediato a cualquier trabajador sospechoso de "indisciplina" o de mantener contactos no autorizados.
Especialistas consultados por CBC comparan este modelo con formas contemporáneas de trata de personas: el Estado actúa como intermediario exclusivo, captura la mayor parte de la paga y utiliza la amenaza sobre las familias en Cuba como mecanismo de control. Organizaciones de derechos humanos han advertido en repetidas ocasiones que este tipo de contratos vulnera principios básicos de la libertad laboral y del trabajo digno.
La respuesta de Sherritt y el silencio del régimen
Sherritt International, involucrada en la operación de la refinería donde laboran los cubanos, negó conocer cualquier esquema de confiscación salarial y afirmó que paga los sueldos de forma íntegra conforme a los contratos. Sin embargo, los testimonios apuntan a que son las instituciones cubanas las que retienen el dinero una vez canalizados los pagos, reforzando las sospechas sobre un sistema diseñado para beneficiar financieramente al Estado en detrimento de sus propios ciudadanos.
Hasta el momento, el régimen cubano no han ofrecido explicaciones públicas ni respondido a las solicitudes de información de CBC News. Por su parte, las autoridades canadienses han evitado pronunciarse sobre si investigarán el caso o revisarán los acuerdos que permiten la presencia de esta fuerza laboral extranjera bajo condiciones cuestionadas.
Las revelaciones amplifican las denuncias previas sobre el uso de trabajadores cubanos en el exterior (en sectores como la salud, la construcción o la minería) como fuente de ingresos para el régimen, sin garantías de transparencia ni de respeto a los derechos laborales fundamentales. El caso de Alberta se suma a un patrón que organizaciones internacionales piden investigar bajo los estándares de la Organización Internacional del Trabajo y los convenios sobre trabajo forzoso.
Mientras no haya una investigación independiente y un marco de protección efectivo para estos trabajadores, las voces críticas alertan de que los cubanos enviados a Canadá seguirán atrapados entre la necesidad económica, el control político del régimen y la falta de supervisión real por parte de las autoridades del país anfitrión.
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